La Defensoría del Pueblo demandó al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público y al Gobierno Regional de Amazonas priorizar erradicación de tala ilegal y garantizar la seguridad de pueblo indígena wampis.
A través de un comunicado, la entidad señaló que urgen investigaciones céleres y sanciones ejemplares para los responsables de amenazas y ataques contra representantes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW).
El GTANW advirtió posibles enfrentamientos entre madereros ilegales y las comunidades nativas del pueblo indígena wampis por la retención de madera extraída ilegalmente de la cuenca del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
Ante ello, la Defensoría sostuvo que resulta preocupante la ausencia del Estado para combatir la tala y minería ilegal en la provincia de Condorcanqui, actividades que no solo afectan al ambiente y nuestros recursos naturales, sino que además pone en riesgo la integridad y vida de la población wampis, que se ve obligada a intervenir y hacer frente a estos delitos.
Asimismo, señalaron que, desde hace más de dos años, los representantes del GTANW vienen exigiendo a la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional (GORE) de Amazonas –en su calidad de Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre de la región–, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Bagua y otras autoridades competentes que cumplan con sus funciones y erradiquen la tala ilegal que se viene produciendo en la cuenca del río Santiago, distrito de Río Santiago.
“Como resultado de esta acción, representantes del GTANW han sido objeto del robo del único medio de transporte con el que contaban, así como de amenazas de quema de su local comunal, poniendo en riesgo su integridad y vida”, señala el comunicado.
Demandas a instituciones
La Defensoría sostuvo que, si bien una comitiva integrada por la subprefectura de la provincia de Condorcanqui, Fiscalía Provincial Mixta de Río Santiago y la Comisaría de Santa María de Nieva está trasladándose a la zona en conflicto, es necesario que otras instituciones también tomen una serie de medidas, considerando la situación de vulnerabilidad del pueblo indígena wampis y la impunidad del delito de tala ilegal en la cuenca del río Santiago.
En ese sentido, exigen al Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú (PNP) fortalecer con urgencia las medidas destinadas a salvaguardar la seguridad de la población indígena wampis y los representantes de la GTANW, con pertinencia cultural, y respetando los estándares internacionales de protección para las personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo, demandan al Ministerio Público ejecutar con celeridad las investigaciones sobre las amenazas y ataques vinculados a los hechos descritos, a fin de lograr la identificación y sanción oportuna de los responsables.
Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, le exigieron evaluar la activación del Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos frente al pedido de los representantes de la GTANW ante las amenazas y ataques de los han sido objeto; así como a la Unidad de Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Cultura, contribuir con dicho propósito de manera oportuna.
Asimismo, demandaron a la Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de los Delitos Ambientales y la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal, que realicen un trabajo articulado para abordar en forma específica la tala ilegal que viene ocurriendo en la cuenca del río Santiago.
“Al GORE Amazonas, que priorice la lucha contra la tala ilegal en su región, disponiendo los recursos humanos, logísticos y económicos requeridos, para fortalecer el control y la fiscalización forestal, particularmente en la cuenca del río Santiago”, se lee en el comunicado.
“A la Contraloría General de la República, disponer la ejecución del control gubernamental, a través de las acciones de supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública de las autoridades competentes, particularmente a Autoridad Regional Ambiental del GORE Amazonas, para que adopten las acciones preventivas y correctivas pertinentes, sin perjuicio de iniciar inmediatamente las acciones legales si se presume la comisión de un ilícito penal o infracciones contra la administración pública”, demandó la Defensoría.
Finalmente, la entidad sostuvo que resulta fundamental que el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, juntamente con los gobiernos regionales, diseñen e implementen una estrategia integral y articulada para prevenir y erradicar actividades ilegales, como la minería y la tala ilegal, evaluando la pertinencia de la participación de las organizaciones indígenas y comunidades nativas afectadas por dichas actividades, a efectos de incorporar el enfoque territorial a dicha estrategia.
(FIN) MRCA/RMCH
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Publicado: 19/6/2022