Al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo reafirmó su misión constitucional de defender los derechos fundamentales de todas las personas, con énfasis en quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
La institución recordó que su labor se desarrolla a través de la supervisión del accionar estatal y la verificación de la adecuada prestación de los servicios públicos.
La entidad informó que continúa ampliando su presencia en el territorio nacional mediante nuevas oficinas defensoriales y módulos de atención. En el último mes, se inauguraron sedes en Chimbote y Tarapoto, además de un módulo defensorial en Camaná, desde donde se atienden casos de vulneración de derechos y se supervisa la actuación de entidades públicas.
Entre los avances reportados figura la consolidación del Programa Nacional Rompiendo Cadenas, orientado a la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad, incluidos hijos de personas privadas de libertad, víctimas de feminicidio y de fallecidos durante la pandemia.
La institución también destacó la realización de 14 sesiones descentralizadas con comunidades nativas amazónicas y 8 con comunidades campesinas, que culminaron con la Segunda Cumbre Nacional de Pueblos Originarios en Iquitos, espacio de diálogo destinado a fortalecer la articulación entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios.
Durante el último año, la Defensoría impulsó acciones a favor de diversos grupos en situación de vulnerabilidad, como el pueblo afroperuano, personas en situación de movilidad humana, mujeres, niñas, niños y adolescentes, población LGTBI, personas con discapacidad, adultos mayores y personas defensoras de derechos humanos.
Como parte de su labor constitucional, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, que pretende incorporar a adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal de adultos. Asimismo, realizó seguimiento al Plandepa y a las políticas antirracistas dirigidas a la población afroperuana.
En materia de protección a personas defensoras, supervisó a 2112 autoridades políticas en todo el país, identificando que el 24,6 % de plazas se encontraba vacante. También publicó los primeros reportes sobre la situación de estas personas, que evidenciaron riesgos asociados a actividades ilegales y debilidades en la respuesta estatal.
Informó que interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32419, que otorgaba amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Comités de Autodefensa, en defensa del derecho a la verdad, justicia y reparación. Además, intervino en el proceso judicial que dispuso la suspensión del cobro de peajes por parte de Rutas de Lima.
Otro avance fue la conformación de la Comisión de Evaluación de Casos de Reserva de Información del Centro de Información para la Memoria Colectiva y Derechos Humanos, encargada de resolver solicitudes complejas de acceso a archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Finalmente, desde el Programa de Movilidad Humana se atendieron casos de peruanos en el extranjero, garantizando su identidad, repatriación y asistencia consular. Con apoyo de ACNUR, se fortaleció la presencia defensorial en ocho regiones, logrando atender a 1540 personas.
(FIN) NDP/KCO/CVC
JRA
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Publicado: 10/12/2025