La Defensoría del Pueblo planteó al Poder Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), elevar a 5 el nivel de emergencia, lo que representaría que el Gobierno nacional, mediante la citada entidad, coordine y conduzca las operaciones de respuesta y rehabilitación con los recursos nacionales disponibles, y de ser necesario con la ayuda internacional.
A través del oficio dirigido al jefe del Indeci, Carlos Yáñez Lazo, se considera que la medida debe estar focalizada en los 65 distritos de la región Piura, así como en los puntos afectados en Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, para dar una respuesta nacional eficaz y garantizar la vigencia de los derechos humanos de las personas damnificadas y afectadas por inundaciones, así como proteger a la población de eventuales amenazas contra su salud, vida e integridad, y medios de vida.
También implicaría brindar, de manera inmediata, atención a la infraestructura pública, respecto del peligro inminente de nuevas inundaciones por activación de quebradas a causa del periodo de lluvias 2023 que se presenta por encima de lo normal, que continuará según alertas del Senamhi y una alerta de Fenómeno de El Niño Costero (FEN), ello además de la programación y ejecución masiva de obras de rehabilitación y reconstrucción con miras al periodo de lluvias 2024.
Según el documento, los planes de rehabilitación deben estar orientados a resultados con eficiencia, eficacia y calidad, a fin de cubrir las necesidades de la población afectada y damnificada; y proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades.
La Defensoría del Pueblo ha subrayado que, en la mayoría de los casos, esta situación puede ser agravada cuando las lluvias alcanzan valores significativos superiores a lo normal o al manifestarse en periodos de larga duración, llegando a ocasionar daños y pérdidas en la población y en sus medios de vida, así como en viviendas y en la infraestructura de servicios públicos y privados en áreas expuestas.
Refirió que, según los datos del Indeci, durante el periodo del 2003 al 2020, han ocurrido un total de 5,786 emergencias por causa de inundaciones a nivel nacional, en los sectores de alta y muy alta susceptibilidad los movimientos en masa ocasionan desastres y emergencias, teniendo como detonantes las intensas precipitaciones pluviales periódicas y excepcionales (fenómeno El Niño) y los sismos (frecuentes en el territorio) áreas expuestas en la franja montañosa de los andes, principalmente en la zona norte y central (entre Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima y noroeste de Huancavelica).
Asimismo, se identificaron almacenes desabastecidos de ayuda humanitaria, como los del Gobierno Regional de Piura, municipios de Tambogrande, Canchaque, El Faique, lo cual no permite brindar la ayuda humanitaria de manera oportuna; además no se cuenta con suficiente maquinaria pesada, motobombas, herramientas, cisternas, hidrojet y recursos humanos, para las acciones de respuesta inmediata e inicio de la rehabilitación.
Añadió que el sistema de alcantarillado en varias partes de la región ha colapsado, agravándose por la falta de un sistema de evacuación, generando que se restrinja el agua a los pobladores, a fin de evitar mayor afectación a los desagües de la ciudad y creando las condiciones propicias para la generación de enfermedades.
Además, se advierte la necesidad de contar con vehículos (helicópteros) para los diferentes vuelos humanitarios, por la falta de acceso a zonas afectadas donde han quedado varadas y aisladas diversas poblaciones vulnerables que requieren ser evacuadas, más aún cuando existen personas heridas. La carencia de atención inmediata y oportuna de las necesidades de las poblaciones piuranas, se replican en otros distritos y regiones en emergencia a nivel nacional.
Asimismo, se requiere la proyección y ejecución masiva de obras de rehabilitación y reconstrucción con enfoque preventivo, con miras a los periodos de lluvias recurrentes en el país, más aún cuando existe la probabilidad que estas no cesen en el presente año, solo que disminuyan su intensidad.
La Defensoría sostuvo que es relevante recordar que la opinión del Indeci, como ente técnico del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), fue aplicada y asumida durante el fenómeno natural del año 2017 y que aprobó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Decreto Supremo 35-2017-PCM, en el caso específico de Piura.
(FIN) NDP/LZD