A 20 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), la Defensoría del Pueblo puso en relieve la existencia de diversos puntos pendientes respecto a la implementación de una política nacional de reparaciones y en sentencias sobre casos de violación de derechos humanos.
Esta semana, la entidad que encabeza Josué Gutiérrez dio a conocer un informe sobre lo avanzado en la implementación de las recomendaciones de la CVR; documento que, a su vez, incluye conclusiones y sugerencias para las entidades estatales correspondientes.
En lo que respecta a las reparaciones para las víctimas del terrorismo y sus deudos, se indica que el Estado no cuenta con una Política Nacional que guíe este tema. Por ello se plantea que la Comisión de Alto Nivel del Ministerio de Justicia apruebe este lineamiento y proponga un proyecto de ley para que las reparaciones económicas se incrementen a 10 unidades impositivas tributarias.
En este mismo ámbito se señala que todavía está pendiente atender con reparaciones en el ámbito de la educación al 94% de personas a las que le corresponde recibirlas. Asimismo, las reparaciones que implican dar acceso a viviendas solo alcanzaron al 7.6% de la población a la que debían otorgarse.
Las reparaciones en salud, por su parte, comprenden al 71.81% de víctimas y deudos, que son atendidos en el Seguro Integral de Salud, mientras que las reparaciones colectivas alcanzaron a 4444 comunidades y 56 organizaciones de desplazados. En las reparaciones económicas se ha avanzado un 99.24%; entregándose a 87412 víctimas aproximadamente 330 millones de soles.
Sentencias pendientes
En cuanto a sentencias judiciales pendientes sobre violaciones de derechos humanos, estas suman 22 de un total de 53 casos que derivaron, a su vez, de 47 informes jurídicos presentados por la Defensoría. Se indica que estos procesos judiciales se encuentran en fase de investigación preliminar o de juicio oral.
En esta última condición están la masacre de Putis (Ayacucho), de 1984; las ejecuciones extrajudiciales en el penal El Frontón, de 1986; las violaciones sexuales en Manta y Vilca (Huancavelica) perpetradas entre 1984 y 1998, y el asesinato de 34 campesinos en Lucmahuaycco (Cusco), de 1984; entre otros casos.
La Defensoría señala que, pese al tiempo transcurrido, algunos procesos siguen en fase de investigación, mientras que los juicios orales de otros registran demoras, principalmente por la gran cantidad de víctimas que involucran. Por ello recomienda al Ministerio Público y al Poder Judicial implementar una base de datos sobre violaciones a los derechos humanos y acelerar sus procesos.
Personas desaparecidas
Por otro lado, basada en cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro, la entidad señala que las personas desaparecidas durante el lapso cubierto en el informe de la CVR (1980 – 2000) asciende a 21918. De esta cantidad, se culminó con la búsqueda de 2718; es decir, del 12.2% del total.
En el informe se indica que este resultado deriva de la falta de presupuesto de la que adolecen las dependencias del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público encargadas del tema, así como el Instituto de Medicina legal y el Equipo Forense Especializado. Por ello la Defensoría pide garantizar el otorgamiento de los recursos financieros necesarios para estas tareas.
Respecto a los desplazamientos de personas ocasionados por la violencia, la Defensoría estima que la ley 28223 dada sobre ese ámbito “no es suficiente porque no señala de manera específica el apoyo de cada institución a las víctimas”. Por ello recomienda que el Ministerio de la Mujer apruebe una nueva estrategia, que fue planteada por una comisión multisectorial hace cinco años.
(FIN) FGM/CVC
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Publicado: 27/8/2023