Al cumplirse 20 años de creación del Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), la Defensoría del Pueblo anunció la incorporación de nuevas medidas que permitirán optimizar la intervención que desarrolla la institución para la solución de los conflictos sociales. Una de estas medidas será la implementación del primer Observatorio de la Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo.
El anuncio de esta importante medida estuvo a cargo del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien informó que, de la mano de las nuevas tecnologías y la innovación, el observatorio tendrá como funciones alertar al Estado, a la sociedad y a las empresas con la finalidad de prevenir la violencia, proponer soluciones a los conflictos y gestionar el cumplimiento de los acuerdos resultado del diálogo.
Cabe indicar que, pese a que la intervención de la Defensoría del Pueblo en conflictos sociales comenzó desde el inicio de su funcionamiento en 1996, fue en abril de 2004 en que entró en funcionamiento el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), a través del primer reporte en el que se recogió información de los meses de marzo y abril de ese año, con el objetivo de que sea emitido periódicamente, en el contexto del conflicto Ilave en la región Puno, que trajo como consecuencia el asesinato del alcalde Cirilo Robles, en la plaza de armas de dicha localidad.
Desde esa fecha se han publicado 241 reportes mensuales de manera ininterrumpida hasta la actualidad, los mismos que han sido puestos en conocimiento de los sectores llamados a resolver sus controversias y han servido, en muchos casos, como base para la formulación de mejoras en las políticas públicas propuestas por la Defensoría del Pueblo como la consulta previa, el uso proporcional de la fuerza, la participación de las mujeres en mesas de diálogo, la gestión de conflictos en el contexto de la pandemia por Covid-19, entre otras.
De otro lado, a lo largo de estos 20 años, sobre la base del SIMCO, se ha intervenido en conflictos sociales de gran complejidad como Ilave (Puno), Majaz (Piura), el Arequipazo (Arequipa), el Andahuaylazo (Apurímac), el Baguazo (Amazonas), Conga (Cajamarca), el Moqueguazo (Moquegua), Tía María (Arequipa), Sechura (Piura), Cuatro Cuencas (Loreto), Las Bambas (Apurímac), Espinar (Cusco), Simón Bolívar (Pasco), Puinahua (Loreto), paro agrario (Ica y La Libertad), derrame Repsol (Callao y Lima), entre otros; y el conflicto político que originó las protestas en diciembre de 2022, luego del golpe de estado del expresidente Castillo (Lima y otras ciudades a nivel nacional).
La Defensoría informó que en 20 años de monitoreo se han registrado 1347 casos de conflicto social, de los cuales el 43.9 % fueron resueltos por la vía del diálogo. Desde el 2008, el promedio de casos activos en fase de diálogo es 55 %. y los conflictos sociales suscitados en Áncash, Loreto, Puno y Cusco representan el 29.3 % del total de casos a nivel nacional.
Se informó, además, que desde el 2006 la Defensoría del Pueblo ha registrado 393 personas fallecidas en el contexto de conflictos sociales, así como 7981 heridos. Estas cifras incluyen a civiles, policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, 2023 fue el año con mayor número de manifestaciones públicas, con el 17.5 % del total.