El Ministerio de Educación (Minedu) creó la Comisión Sectorial para el proceso de actualización curricular, un órgano temporal que tendrá a su cargo el seguimiento del proceso de actualización del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), así como la elaboración de informes técnicos que servirán de base para la toma de decisiones en materia educativa.
La medida fue oficializada mediante la
Resolución Ministerial N.º 393-2026-MINEDU, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano. La norma establece que la comisión dependerá del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica y
estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2027.
¿Por qué se actualizará el currículo?
La resolución recuerda que el Currículo Nacional, aprobado en 2016, es un documento abierto, flexible y participativo, por lo que puede ser actualizado para responder a las necesidades de los estudiantes y a los cambios de la sociedad.
Asimismo, precisa que entre 2022 y 2024 el Minedu realizó una evaluación participativa del currículo vigente en los niveles nacional, regional y local, proceso que recogió aportes de la comunidad educativa y concluyó con recomendaciones que servirán de base para su actualización.
Funciones de la comisión
La Comisión Sectorial tendrá cuatro funciones principales:
-Hacer seguimiento a las actividades del proceso de actualización curricular.
-Supervisar que la actualización esté alineada con las políticas educativas y responda a las necesidades de los distintos territorios, en consenso con actores educativos nacionales, regionales y locales.
-Elaborar informes sobre el estado del proceso.
-Emitir un informe final con recomendaciones para implementar la actualización curricular, el cual será remitido al ministro de Educación.
¿Quiénes la integran?
La comisión estará presidida por el viceministro de Gestión Pedagógica y contará además con los siguientes integrantes:
-El director general de Gestión Descentralizada, quien ejercerá la Secretaría Técnica.
-El director general de Educación Básica Regular.
-El director general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural.
-El director general de Desarrollo Docente.
-El secretario de Planificación Estratégica.
-El presidente del Consejo Nacional de Educación.
Todos ejercerán sus funciones ad honórem y podrán designar representantes alternos. La comisión deberá instalarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución.
También crean cuatro grupos de trabajo
La norma dispone además la creación de cuatro Grupos de Trabajo Sectoriales para apoyar el proceso de actualización curricular, organizados por ámbitos geográficos:
-Macro Norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Cajamarca.
-Macro Sur: Cusco, Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua y Apurímac.
-Macro Centro: Pasco, Junín, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Lima Metropolitana, la región Lima y el Callao.
-Macro Oriente: Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios.
Estos grupos estarán integrados por representantes del Minedu, direcciones regionales de Educación, universidades, escuelas pedagógicas, el Consejo Nacional de Educación, el Colegio de Profesores del Perú, el SUTEP y asociaciones de universidades públicas, entre otras instituciones.
Tareas en las regiones
Los grupos de trabajo tendrán como misión elaborar planes de trabajo, emitir reportes trimestrales, diseñar herramientas para la evaluación curricular, promover la articulación de las mesas de trabajo regionales y elaborar documentos técnicos con las conclusiones del proceso en cada macroregión. Sus informes serán remitidos al Viceministerio de Gestión Pedagógica.
La resolución establece que tanto la Comisión Sectorial como los grupos de trabajo podrán solicitar el apoyo de especialistas, entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y gremios cuando ello contribuya al cumplimiento de sus funciones.
Finalmente, el Minedu precisa que la implementación de estos órganos se financiará con los presupuestos institucionales de las entidades participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y que su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.
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Publicado: 19/7/2026