La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN) iniciará este viernes 27 de diciembre la marcha blanca del proyecto “Diseño de algoritmo para la asignación de la carga procesal ponderada por el Sistema Integrado Judicial - SIJ de la CSN”, que permitirá racionalizar la distribución de la carga procesal entre sus órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la complejidad de cada caso.
Este proyecto fue aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) en marzo de este año, y ha concluido su fase de prueba. Es una de las principales propuestas de gestión del presidente de la corte, Octavio Sahuanay, que se concreta antes de concluir su mandato el 31 de diciembre próximo.
La herramienta permitirá usando una serie de indicadores como: número de investigados o acusados, agraviados, delitos, elementos de convicción o de prueba, medir la complejidad de cada proceso penal, dar un peso específico a cada proceso, desterrando la práctica de siglos de medir a todos los procesos como una unidad, que desconoce la realidad donde cada proceso no sólo en la especialidad penal tiene pesos distintos.
La Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal (CDI) es presidida por Sahuanay Calsín e integrada por representantes del Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia a través de la Defensa Pública, y la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.
Durante su última reunión del 20 de diciembre, aprobó por unanimidad los cuatro formatos donde se registrará la más completa información de los casos como: número de imputados, de delitos, de agraviados, de pruebas, diferenciadas en prueba personal, pericial o documental, ofreciendo una data real de cada proceso, acorde con la irrupción de la inteligencia artificial.
Los formatos se utilizarán para cada fase del proceso penal: 1) al momento de formalizarse la investigación preparatoria. 2) cuando se presente el requerimiento acusatorio o mixto, estas dos fases a cargo del Ministerio Público. 3) cuando se emita el auto de enjuiciamiento, a cargo del Poder Judicial y 4) cuando se presente la apelación por el sujeto procesal afectado.
“Lo aprobado por el CDI es un acuerdo histórico porque es una herramienta interinstitucional que obliga a jueces, fiscales, procuradores públicos actores civiles, etc. a proporcionar la data que alimenta el algoritmo y es un primer paso para cimentar la interoperabilidad de las instituciones del sistema de administración de justicia penal”, refirió.
Explicó que las bondades del algoritmo beneficiarán a todos los actores del proceso penal, así por ejemplo, un requerimiento con 50 acusados tendrá un valor diferente que otro con un solo acusado, y el juez o Sala podrá explicar de mejor manera por qué un juicio tiene determinada duración.
“El fiscal podrá alegar la complejidad real de su carpeta, el abogado podrá explicarle a su cliente qué significa un caso de complejidad de 30 puntos, frente a otro de peso 3. En suma, nunca más un sistema ciego qué a todo expediente medía como uno. La segunda fase permitirá calcular de acuerdo al peso específico del expediente, la duración que se espera de un juicio oral en años, meses, días y horas”, afirmó.
Agradeció al fondo tripartito Suiza, Luxemburgo y nuestro país por haber financiado el proyecto, especialmente a los programadores y al CEPJ que presidió Elvia Barrios Alvarado en el año 2022 por haber respaldado este proyecto.
Asimismo, a todos los jueces y trabajadores de la Corte que participaron en el equipo que propuso los pesos de los indicadores por cada etapa procesal y a los funcionarios del Poder Judicial que habilitaron cada etapa del proyecto que se cristaliza luego de tres años.
Cabe señalar que el inicio de la marcha blanca se desarrolla en el marco de su sexto aniversario de creación.
(FIN) NDP/JCC
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Publicado: 21/12/2024