El Primer Juzgado Civil de Tarapoto declaró fundada la demanda de amparo, y emitió una sentencia preventiva de no repetición que impide nuevos intentos de urbanización, ordenó también a la Municipalidad Provincial de San Martín no volver a impulsar cambios de zonificación que afecten la intangibilidad de la Zocre Laguna de Ricuricocha, bajo apercibimiento de multas progresivas, destitución de autoridades y posibles responsabilidades penales.
Aunque la ordenanza que motivó la demanda fue derogada durante el proceso, el Poder Judicial acogió la tesis que señalaba que en la zona de la
laguna Ricuricocha que no operaba la sustracción de la materia, y que no se podía archivar el caso sin pronunciamiento de fondo que siente jurisprudencia para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Es importante destacar la aplicación de la "Constitución Ecológica", en base al artículo 2, inciso 22, y los artículos 66 a 69 de la Constitución Política, para que el Estado y los gobiernos locales tengan la obligación ineludible de reparar, y primordialmente de prevenir cualquier daño o regresión sobre los espacios naturales protegidos; los municipios no pueden usar sus competencias urbanísticas para recortar territorialmente áreas ecológicas ni revertir su condición natural.
Esta sentencia, marca un antes y un después en el litigio ambiental, porque se logró demostrar en sede judicial que el crecimiento urbano no puede arrasar con nuestras fuentes de agua ni con las áreas naturales protegidas; y es relevante destacar que este fallo judicial no solo frena el proyecto en cuestión, sino que coloca un candado constitucional a la Laguna de Ricuricocha para las futuras generaciones.

La laguna de Ricuricocha cuenta ahora con un verdadero candado constitucional de protección, que marca un antes y un después en la defensa del patrimonio natural de San Martín.
Publicado: 16/11/2026