Las contralorías de 22 países de América Latina y el Caribe suscribieron hoy la Declaración del Cusco, en la cual se comprometen a orientar esfuerzos para que su labor fiscalizadora ayude a una gestión pública eficiente, que incida en un mayor desarrollo económico y social y a la sostenibilidad ambiental.
Además de su tradicional labor de identificar los sectores más vulnerables a la corrupción, ahora las contralorías centrarán su atención en las áreas de mayor riesgo que afecten el logro de los nuevos objetivos del milenio (como la erradicación de la pobreza extrema y la sostenibilidad del medio ambiente).
En ese sentido, articularán esfuerzos con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), que reúne a 192 países y grupos regionales para promover acciones conjuntas que contribuyan al logro de los objetivos de la agenda de desarrollo pos-2015 de las Naciones Unidas.
Dicha articulación se dará mediante la formulación de lineamientos que serán considerados en el plan estratégico de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) y la participación en los mecanismos de seguimiento a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible pos-2015.
En la XXIV Asamblea de la Olacefs también se acordó impulsar el funcionamiento de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Combate de la Corrupción, apoyando la especial actuación de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza.
Asimismo, se decidió continuar fortaleciendo las relaciones interinstitucionales entre los organismos regionales involucrados en la prevención, identificación, investigación y seguimiento de los hechos relacionados con la corrupción.
Para ello seguirán desarrollando mecanismos que fomenten una mayor coordinación y asistencia mutua, que favorezcan el intercambio transversal y multidisciplinario de buenas prácticas y experiencias a escala regional.
Estos acuerdos son parte de la Declaración del Cusco: “Las EFS y la gobernanza pública: contribuyendo con el desarrollo humano sostenible”, suscrita por 22 entidades fiscalizadoras superiores de países de América Latina.
Dichas entidades pertenecen a: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
(FIN) NDP/MVF/FHG
GRM
Publicado: 27/11/2014