Restablecer la competencia de la Sala Penal Nacional para investigar delitos graves contra la administración pública y eliminar el nuevo requisito de que sean cometidos por una organización criminal, pidió ante el contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar.
Según el funcionario, el Poder Judicial ha establecido como requisito que los casos de corrupción complejos, graves y de repercusión nacional sean cometidos por una organización criminal para que la Sala Penal Nacional pueda avocarse a ellos.
Eso impide una lucha frontal contra la corrupción en la administración pública y debe ser corregido, dijo el jefe del organismo de control.
El restablecimiento de la competencia de la Sala Penal Nacional fue en una de las recomendaciones que formuló Khoury ayer, al término de la exposición que sobre su gestión en el 2014 ante la Comisión de Fiscalización.
Planteo también que el Poder Ejecutivo traslade a todo el personal de las oficinas de Control Interno (OCI) a la planilla de la Contraloría.
Igualmente, propuso establecer alertas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), a fin de detectar movimientos sospechosos en las cuentas de las entidades públicas.
Durante su participación, anunció también que remitirá al Congreso proyectos de ley para autorizar a la Contraloría la capacidad de sancionar a los gobernadores regionales y alcaldes; intervenir en las instituciones públicas con alto riesgo de corrupción y normar la ejecución de obras por administración directa.
Asimismo para realizar auditorías sin restricciones a obras encargadas a organismos internacionales, y emitir opinión previa a las adendas de los contratos de concesión.
Al respecto, dijo que un 70 por ciento de las irregularidades detectadas en la ejecución de obras públicas han sido las que se llevan a cabo por administración directa.
Informó que durante el año pasado se realizaron 132 autorías a igual número de entidades públicas, que causaron daños estimados en 400 millones de soles en los tres niveles de gobierno.
Recordó también que durante su gestión, 560 funcionarios habían sido condenados por diversos delitos contra la administración pública, un 40 por ciento de ellos por peculado, un 24 por ciento por colusión y 10 por ciento por negociación incompatible.
Sin embargo, añadió, solo 33 de ellos cumplieron condena efectiva, y los 527 restantes recibieron sentencias con penas suspendidas.
(FIN) NDP/FHG
Publicado: 3/9/2015