Contraloría ejecutó 328 intervenciones durante el megaoperativo de control en Ica

La presentación de resultados del megaoperativo de control en Ica, estuvo a cargo del vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental, Martín, Diaz, quien informó que con el control posterior se examinaron recursos públicos por 138.8 millones de soles y en 11.4 millones se encontraron hallazgos, observaciones, así como presuntas responsabilidades (administrativas, civiles y penales) por inconducta funcional y presunto uso indebido de recursos públicos. El perjuicio económico supera los 4.1 millones de soles, subrayó.

Como producto del control posterior, las comisiones auditoras detectaron 110 hechos irregulares en los 107 servicios de control posterior ejecutados (los cuales representan 30 % más de servicios programados). De ellos, 22 corresponden a servicios de control específico, 81 acciones de oficio posterior y 4 auditorías de cumplimiento.

La Contraloría resaltó que los servicios de control posterior permitieron identificar 65 presuntas responsabilidades administrativa (32), civiles (21) y penales (12) de 32 funcionarios, entre directivos, funcionarios y servidores pertenecientes a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, por presuntos actos de inconducta funcional y corrupción.

Con relación a los servicios de control simultáneo efectuados, la Contraloría realizó 72 intervenciones (es decir, 177 % más de lo programado) en las modalidades de visita de control (63), orientaciones de oficio (39) y control concurrente (42). Como consecuencia de ello, se advirtieron 144 situaciones adversas, de las cuales 69 de ellas fueron resueltas o están en proceso de implementación las medidas para superar las observaciones encontradas.

Por genérica de gastos, tenemos que el mayor monto examinado corresponde a inversión pública y, en menor medida, tenemos la adquisición de bienes y prestación de servicios; así como también la contratación de recursos humanos, entre otros. Mientras que los principales sectores económicos examinados fueron: Transporte, Agropecuario, Educación y Protección social, entre otros.

Destacó, asimismo, que en un inicio se programó intervenir 63 entidades, pero finalmente se intervinieron 88 entidades, lo que representa 40 % más de lo previsto inicialmente. Con el Megaoperativo de Control Ica, que se inició oficialmente el 5 de julio del 2021, se cubrieron las cinco provincias y 43 distritos iqueños durante los cinco meses de ejecución.

Durante el megaoperativo de control también se cumplió con la meta de evaluar 116 denuncias ciudadanas, de las cuales 38 de ellas se atendieron mediante correo electrónico, 31 a través de Mesa de Partes, 22 vía formulario web, 21 mediante las audiencias públicas “La Contraloría te escucha” y cuatro denuncias fueron atendidas de oficio.

Asimismo, se realizaron 33 actividades que promueven la integridad y prevención como las audiencias públicas virtuales, charlas de sensibilización, cursos “El control social en tus manos”, entre otros, superando la meta programada en 38 %. 

La labor de los auditores permitió detectar, durante el megaoperativo de control, un perjuicio económico mayor a los 2 millones de soles en la ejecución de una obra en el río Ica, la cual está a cargo del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha. La entidad entregó un adelanto directo al contratista que presentó una carta fianza emitida por una entidad financiera que no cumplía con la clasificación de riesgo ante la SBS. Vencida la garantía, aceptó las renovaciones con cartas fianzas que fueron emitidas por la misma entidad financiera. Al declararse nulo el contrato, la entidad no logró recuperar el monto otorgado al contratista, constituyéndose en un perjuicio económico. Cuatro funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa en estos hechos. 

Se identificó un perjuicio mayor a 1 millón de soles en esta entidad debido a irregularidades en la contratación de servicios de consultoría realizadas en el año 2018. En este caso, se identificó un inadecuado manejo de los fondos públicos a favor del proveedor que se contrató para la elaboración de cuatro estudios de preinversión y cuarenta expedientes técnicos, cuyas necesidades de contratación no tenían requerimiento, ni términos de referencia que describan las características técnicas en que se ejecutaría el servicio. Cinco funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.

Se evidenciaron irregularidades en la compra de equipos biomédicos por 1 millón de soles. La entidad realizó el pago al proveedor pese a que este no acreditó la recepción y conformidad del equipo biomédicos, los cuales fueron entregaron posteriormente y sin acreditar el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria. Esto imposibilitó la aplicación de penalidades por retrasos injustificados por 81,000 soles, además, se limitó al hospital de contar con equipos médicos para la atención de pacientes. Un total de 17 servidores tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.

Se determinó que el Comité de Selección otorgó la buena pro a un postor que no cumplía con los requisitos para ejecutar una obra de saneamiento; mientras que no admitió la propuesta de un postor sin sustento alguno y descalificó a otros dos postores a pesar de que cumplían con los requisitos de evaluación técnica y económica. El monto examinado fue de S/ 1.4 millones. La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa a tres funcionarios de la entidad.

La comisión auditora detectó que funcionarios de la entidad otorgaron la buena pro por S/ 297 mil a un postor que no cumplió con las bases para el servicio de consultoría de un proyecto para la Reconstrucción con Cambios. En este caso, el Comité de Selección incorporó como experiencia del postor servicios de consultoría en la especialidad de edificaciones (es decir, construcción de todo tipo de vías urbanas, espacios públicos y recreacionales), la misma que no guarda similitud con la especialidad de obras viales (construcción, mejoramiento y rehabilitación de carreteras, puentes viaductos, intercambios viales), objeto del servicio de reconstrucción y rehabilitación de caminos vecinales. Tres funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.   

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