La Contraloría General de la República identificó a siete exfuncionarios y exservidores de la Unidad Ejecutora 037 – Perú Seguro 2025 del Ministerio del Interior (Mininter) como presuntos responsables de un perjuicio económico de S/ 574 830 por irregularidades en la ejecución del contrato para la adquisición de cámaras corporales (bodycams) y dispositivos de carga (dockers) destinados a comisarías del programa Barrio Seguro.
Según el
Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 035-2025-2-0282-AC, los involucrados participaron en la gestión y aprobación de una
ampliación de plazo de 50 días para el traslado, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, pese a que la solicitud se presentó fuera del plazo contractual y sin el sustento respectivo.
Esta decisión impidió la aplicación de penalidades por demora, liberando al contratista de una penalidad por
S/ 310 000.23 en perjuicio del Mininter.
Compras fraccionadas
La Contraloría evidenció que el director ejecutivo, el jefe de la oficina de administración y el responsable de adquisiciones de Perú Seguro 2025 participaron en la autorización, emisión de ocho órdenes de servicio de manera fraccionada para trabajos de instalación de puntos de red, puntos de energía eléctrica y repisas en 75 comisarías, pese a que dichas labores formaban parte de las obligaciones del contratista responsable de las bodycams. Estas contrataciones ocasionaron un perjuicio adicional de S/ 264 830.
El informe señala presunta responsabilidad civil en los siete funcionarios de Perú Seguro 2025, de los cuales cinco tendrían también responsabilidad administrativa. Asimismo, se recomendó a la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior iniciar acciones civiles contra los implicados, mientras que al órgano instructor se recomendó realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores de Perú Seguro 2025 de acuerdo a su competencia.
(FIN) NDP/KCO/CVC
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