La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la promoción del proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que elevaría los costos en perjuicio del Estado y además retrasaría la conclusión de las obras.
Un informe de auditoría, presentado hoy por el contralor Edgar Alarcón Tejada, da cuenta de diversos factores que generan esa situación, como la decisión de adelantar la ejecución y culminación de la etapa 1A, que comprende solo 4.3 kilómetros de extensión, desde el Mercado Mayorista de Santa Anita hasta la vía de Evitamiento.
El contralor explicó que es poco probable que los usuarios se bajen de un bus para abordar el Metro, recorran solo esos 4.3 kilómetros y nuevamente desciendan para tomar otro bus que los lleve a sus destinos.
Los cálculos de la Contraloría indican que la demanda para ese pequeño tramo sería solo de 28,592 pasajeros y no de 103,455, como lo estimó el consultor integral del proyecto contratado por ProInversión.
La auditoría revela que esta decisión (de adelantar la ejecución de la etapa 1A) ha ocasionado un incremento de 156.2 millones de dólares en el costo; pero además su puesta en funcionamiento obligaría al Estado a aumentar el nivel de subsidio, de 39 millones de dólares a 63.3 millones.
Esto porque la proyectada demanda del servicio (número posible de pasajeros) fue calculada de manera inadecuada, usando una regla de tres simple.
De no lograrse esas expectativas, el Estado tendría que desembolsar más dinero para cubrir los ingresos que no consiga la empresa concesionaria del Metro por concepto de pasajes.
En ese contexto, la Contraloría General recomendó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implementar mecanismos de seguimiento y control para asegurar que se obtengan los beneficios proyectados que sustentaban la decisión de adelantar la construcción de este tramo. En caso de que esta medida ocasione un perjuicio económico, deberán iniciarse las acciones legales para la reparación al Estado por los daños.
Involucrados
Al culminar esta auditoría, el ente de control determinó que hay 23 funcionarios de ProInversión involucrados en el caso y que tendrán responsabilidad civil o administrativa. El tema ya está en manos del Poder Judicial y el 36 Juzgado Civil es el encargado de verlo, indicó Alarcón Tejada.
Otro problema detectado en el proceso de control es la entrega de predios para la ejecución del proyecto, lo que no se está cumpliendo y provoca retraso tanto en las obras como en el inicio de las operaciones.
El contralor señaló que el primer tramo debió concluirse en junio de este año, pero luego se fijó el plazo para setiembre. “Pero dudamos de que sea así, pues, tal como se está avanzado, consideramos que es posible que no se cumpla”, afirmó.
Otras irregularidades
Otro punto importante observado por la Contraloría se refiere al método de excavación usado para la construcción del Metro. Al respecto, Alarcón Tejada reveló que pese a las recomendaciones reiteradas por el consultor integral del proyecto para que en las excavaciones se empleen tuneladoras y no el método tradicional, se hizo caso omiso a estas observaciones.
Explicó que el consultor recomendó el método mecanizado por ser más seguro, más rápido, de menor costo y por afectar en menor medida a la superficie.
De acuerdo con las condiciones establecidas en las bases del proceso de promoción de la inversión, existía la posibilidad de utilizar el método de construcción tradicional por túnel en 5.8 kilómetros del proyecto.
Sin embargo, ProInversión dio como válida la propuesta técnica presentada por el único postor, que contemplaba 8.9 kilómetros. Es decir, el que excedía en 3.1 kilómetros el uso de ese método. “Esta decisión habría generado un aumento del monto de la inversión en 81.4 millones de dólares”, señaló.
Cabe indicar que el costo del metro lineal construido con tuneladora es de 17,439 dólares; mientras que de la forma tradicional (excavadoras, martillos hidráulicos, explosivos) llega a 44,191.
La Contraloría puso también el ojo en la evaluación técnica de las propuestas de los postores precalificados. En ese sentido, señaló que no se estableció una puntuación para escoger la más conveniente, sino que solo se hizo un “check list” para verificar el cumplimiento de los requisitos.
Además, el ente de control observó que no se pudo aplicar una penalidad de 359,480 dólares al consultor integral que elaboró los estudios de pre inversión de la obra (perfil y factibilidad).
La penalidad debía aplicarse porque los especialistas de la empresa consultora no estaban registrados en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
Pero pese a ello funcionarios de ProInversión otorgaron la conformidad y autorizaron el pago de los estudios, cuya procedencia y admisibilidad no podían validarse sin ese requisito.
Recién dos años después de vencerse el plazo para que se registren en el CIP el consultor integral inició el trámite de colegiatura de sus profesionales.
(FIN) ART/RRC