La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó hoy siete informes que declaran improcedentes diversas denuncias constitucionales contra varios altos funcionarios públicos, así como exaltas autoridades del Estado.
El grupo de trabajo que preside la congresista Lady Camones (APP)
no admitió a trámite diversas denuncias constitucionales, entre ellas las formuladas contra la expresidenta Dina Boluarte; la fiscal suprema Patricia Benavides; la presidenta del Poder, Judicial, Jante Tello; y el titular del
Congreso, Fernando Rospigliosi.
La primera denuncia constitucional (DC) declarada improcedente en un extremo, pero admitida en otro extremo, fue la DC 493, 533, 589 y 598 formulada por diversos congresistas y la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la expresidenta Dina Boluarte por presuntos delitos de usurpación de función pública, omisión de funciones y abandono de cargo.
En este caso admitió a trámite las denuncias constitucionales 533, 589 y 598 en los extremos referidos a la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono de cargo. Se declaró improcedente la imputación por presuntas infracciones a los artículos 103.2, 114, 114.1, 115 y 116 de la Constitución, así como por el delito de usurpación de funciones, al no acreditarse que los hechos constituyan objetivamente infracción constitucional ni delito.
Esta decisión fue adoptada por mayoría, con 11 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
También se desestimó por 9 votos a favor, cuatro en contra 4 y ninguna abstención, la DC 596 formulada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza contra Dina Boluarte, por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documento público, tipificado en los artículos 401 y 429 del Código Penal.
Igualmente, se aprobó con 10 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, el informe que declaró improcedente la DC 562, presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la fiscal suprema Patricia Benavides, por presunto delito de cohecho activo específico, tipificado en el artículo 388 del Código Penal.
Del mismo modo, se desestimó por 9 votos a favor, dos en contra y una abstención, la DC 614, formulada por la citada exfiscal de la Nación contra los jueces supremos Juan Carlos Checkley y Helder Uriel Terán Dianderas, por la posible comisión del delito de cohecho pasivo específico, tipificado en el artículo 395 del Código Penal.
Denuncia contra congresistas
En otro momento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente por 9 votos a favor, dos en contra y una abstención, la DC 655, presentada por el expresidente Pedro Castillo contra la exmandataria Dina Boluarte; la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides; y 101 congresistas por la presunta infracción a diverso artículos de la Constitución y la posible comisión de los delitos de homicidio calificado/asesinato, lesiones graves, usurpación de funciones y prevaricato.
Asimismo, se desestimó por 9 votos a favor, dos en contra y una abstención, la DC 661, también formulada por Pedro Castillo contra la presidenta de la Corte Suprema Janet Tello, los extitulares de la Corte Suprema Elvia Barrios Alvarado y César San Martin, y diversos jueces supremos por presunta infracción constitucional y presuntos delitos de aceptación indebida de cargo, usurpación de funciones, prevaricato/fallo o dictamen ilegal, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y avocamiento ilegal de procesos en trámite.
Finalmente se aprobó con 9 votos a favor, tres en contra y una abstención, el informe que declaró improcedente la DC 662, formulada por el congresista Edwin Martínez contra el presidente del Congreso Fernando Rospigliosi Capurro, por la presunta infracción a los artículos 39, 40, 41 y 76 de la Constitución.
Ingreso de nuevas denuncias
Durante la sesión de esta mañana, la presidenta de la SAC, Lady Camones, también dio cuenta del ingreso de diversas denuncias constitucionales, entre ellas tres acusaciones contra la expresidenta Dina Boluarte y algunos de sus ministros por diversos presuntos delitos.
Al respecto, la titular de la citada subcomisión indicó que de acuerdo al reglamento del Congreso, el subgrupo de trabajo parlamentario que preside tiene 10 días hábiles como plazo máximo para la calificación de dichas denuncias constitucionales.
(FIN) HTC/JCC
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