La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside la legisladora Lady Camones, evaluó siete informes de calificación vinculados a denuncias constitucionales contra altos funcionarios, exautoridades y servidores públicos, en el marco del procedimiento parlamentario establecido por el Reglamento del Congreso.
El grupo de trabajo aprobó por mayoría el informe de calificación de la citada denuncia, formulada por el ciudadano Luis Alberto Pacheco contra los jueces supremos Manuel Luján Túpez y Roberto Burneo Bermejo; la exfiscal suprema Delia Espinoza; la exintegrante de la Junta Nacional de Justicia Imelda Tumialán; y la exdirectora general del Consejo Nacional de la Magistratura Nathaly Betsy Ingaruca Ruiz.
El informe de calificación plantea admitir a trámite la denuncia por presunta infracción a los artículos 38 y 39 de la Constitución, declarar improcedente el extremo referido al artículo 76 y continuar la evaluación por el presunto delito de abuso de autoridad.
Denuncia Constitucional 577
En otro momento, la Subcomisión aprobó por unanimidad declarar improcedente la Denuncia Constitucional 577, presentada por Delia Milagros Espinoza Valenzuela, entonces fiscal de la Nación, contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y el congresista José María Balcázar.
Se aprobó por unanimidad declarar improcedente la denuncia constitucional. En el caso de Benavides, el informe recomendó el archivo definitivo. En cuanto a Balcázar Zelada, plantea suspender la tramitación mientras ejerza la Presidencia de la República, conforme a los límites previstos en el artículo 117 de la Constitución.
Denuncia Constitucional 636
También se aprobó, por unanimidad declarar improcedente la Denuncia Constitucional 636, formulada por la exfiscal de la Nación Delia Milagros Espinoza Valenzuela contra el congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, por la posible comisión de los delitos de cohecho impropio y tráfico de influencias.
El informe sostuvo que los hechos denunciados no acreditan de manera suficiente una contraprestación propia del cohecho ni una estructura típica de tráfico de influencias.
Denuncia Constitucional 691
Asimismo, el grupo de trabajo aprobó por unanimidad declarar improcedente la Denuncia Constitucional 691, formulada por el ciudadano Julio César Burga, representante del Sindicato de Trabajadores del INPE, contra el expresidente de la República José Jerí.
La denuncia atribuyó presuntas infracciones a los artículos 38, 44, 45, 99 y 100 de la Constitución, al señalar que, durante una visita a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, se habrían incumplido protocolos. El informe concluyó que el denunciante no acreditó una afectación directa, concreta y personal.
Denuncia Constitucional 702
De igual manera, se aprobó declarar improcedente la Denuncia Constitucional 702, presentada por el congresista Juan Burgos contra el exjefe de la ONPE Piero Corvetto, por la presunta infracción a los artículos 31 y 182 de la Constitución y por la posible comisión de los delitos contra el derecho de sufragio y omisión de actos funcionales.
El informe señaló que, aunque los hechos denunciados podrían evaluarse en otras vías, no corresponde tramitarlos como denuncia constitucional, debido a que el cargo de jefe de la ONPE no está comprendido en el artículo 99 de la Constitución, que regula qué altos funcionarios pueden ser sometidos a antejuicio o juicio político.
Denuncia Constitucional 711
La Subcomisión también declaró improcedente la Denuncia Constitucional 711, formulada por el congresista Raúl Doroteo contra Vicente Paúl Espinoza Santillán, superintendente de la Sunedu y presidente de su Consejo Directivo.
La denuncia le atribuyó presuntas infracciones a los artículos 16, 18, 39, 44, 51, 77 y 82 de la Constitución, así como la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, entre otros. El informe precisó que el procedimiento de acusación constitucional tiene carácter excepcional y solo alcanza a los funcionarios comprendidos expresamente en el artículo 99 de la Constitución.
Denuncia Constitucional 715
Finalmente, la Subcomisión aprobó declarar improcedente la Denuncia Constitucional 715, presentada por el ciudadano Pablo Salas contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, por presuntas infracciones constitucionales y por la posible comisión del delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.
El caso estuvo vinculado a presuntas irregularidades en el proceso electoral en el exterior y a una supuesta afectación al derecho de sufragio. En la sustentación se precisó que las competencias electorales corresponden a los organismos del sistema electoral, conforme a la Constitución, y no al Ministerio de Relaciones Exteriores.
(FIN) NDP/MCA/FHG
Más en Andina: