El Congreso de la República resaltó los alcances de la Ley Nº 32386, norma que permite contrataciones directas, transferencias rápidas de recursos y un bono económico al personal policial, con el fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país.
La ley garantiza una entrega económica al personal policial que participe voluntariamente en patrullajes y operaciones de investigación. Este beneficio, contemplado en la Ley Nº 32197, busca reconocer e incentivar la labor directa en las calles para enfrentar la inseguridad ciudadana.
También, con la nueva ley, el Ministerio del Interior (Mininter) queda exonerado temporalmente de algunas restricciones de la Ley de Presupuesto Público 2025, lo que le permitirá agilizar su gestión financiera y operativa.
Los fondos se destinarán directamente al Programa Presupuestal 0030: “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, con el propósito de actuar con eficacia frente al estado de emergencia por inseguridad.
Asimismo, la norma autoriza al Mininter, gobiernos regionales y locales a realizar contrataciones no competitivas durante el estado de emergencia. Estas adquisiciones urgentes priorizarán bienes y servicios indispensables, reduciendo los trámites burocráticos y permitiendo una respuesta inmediata ante el avance del crimen organizado.
Transparencia
Para asegurar la correcta utilización de los recursos públicos, la norma dispone que la Contraloría General de la República realice control concurrente sobre todas las adquisiciones efectuadas por el Mininter y los gobiernos subnacionales.
Además, los gobiernos regionales y locales podrán transferir fondos al Ministerio del Interior para financiar proyectos y actividades del Programa Presupuestal 0030.
Estas transferencias deberán formalizarse mediante convenios publicados en el Diario Oficial El Peruano, garantizando la transparencia del proceso.
Sobre el presupuesto
La Ley Nº 32386 tendrá una vigencia de 180 días calendario, es decir, hasta fines de diciembre de 2025, contados desde su entrada en vigor el 14 de junio de 2025. El artículo referido al bono policial se aplicará hasta el final del año fiscal 2025.
Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está autorizado a asignar recursos adicionales para garantizar la ejecución de las acciones previstas en la lucha contra la delincuencia.
Incremento de homicidios
El incremento de homicidios en el país motivó la adopción de esta medida. Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), entre enero y la segunda semana de junio se registraron 1,002 asesinatos, de los cuales Lima encabeza con 352 casos, seguida por La Libertad (108), Callao (94) y Piura (64).
Estos crímenes, vinculados en su mayoría al sicariato y ajustes de cuentas, evidencian el crecimiento de la violencia organizada y la limitada capacidad de respuesta policial.
La Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 advierte que el sistema educativo policial presenta deficiencias en gestión, infraestructura y tecnología, mientras que el equipamiento operativo es insuficiente: el 70% de las computadoras policiales están inoperativas o desfasadas, y gran parte de los vehículos se encuentra en mal estado.
De igual modo, el número de policías por habitante está muy por debajo de los estándares internacionales: la UNODC recomienda 300 efectivos por cada 100 mil habitantes, pero el Perú solo contaba en 2019 con 147 policías asignados a comisarías básicas, lo que limita su cobertura y capacidad operativa.
(FIN) NDP/ ETA/CVC
JRA
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Publicado: 30/10/2025