La bancada de Alianza para el Progreso (APP), a través de la congresista María Acuña, presentó el proyecto de ley que propone incluir el examen psiquiátrico de los contrayentes como requisito para el matrimonio civil.
La iniciativa legislativa, que busca modificar el artículo 248 del Código Civil, tiene como objetivo declarado “mejorar los requisitos para el matrimonio civil y así coadyuvar a la consolidación de la familia en la sociedad”.
La propuesta legislativa plantea no solo la evaluación psiquiátrica, sino que el resultado sea de conocimiento recíproco de los contrayentes, de manera que puedan tomar una decisión “transparente”.
De esta manera, además de la declaración verbal y escrita de los novios, certificado de domicilio, certificado médico y presencia de testigos, se sumaría ahora la evaluación psiquiátrica, en los siguientes términos:
“Asimismo, se debe acompañar el certificado de evaluación psiquiátrica y el documento de aceptación de los dos contrayentes, en el cual cada cónyuge da fe de conocer la evaluación psiquiátrica del otro cónyuge”.
“Los certificados de la evaluación psiquiátrica de ambos cónyuges deben ser expedidos con fecha no anterior a treinta días y ser puestos en conocimiento de los mismos, con quince días de anticipación de la fecha del matrimonio”.
En su exposición de motivos, la legisladora Acuña Peralta da cuenta de la descomposición que en los últimos años experimenta la familia como núcleo de la sociedad por culpa de la violencia familiar, que solo en el 2021 alcanzó los 20,854 casos denunciados, 55 % más que el año anterior.
Ante esa situación concluye que la familia debe constituirse sobre una base saludable, no solo física, como ha sido siempre, sino también mental, lo cual se lograría con el examen psiquiátrico, “lo que permitiría formar una nueva sociedad con valores, más equilibrada y respetuosa”.
Para la
legisladora de APP, si bien señala que de acuerdo a la
Ley 30947, Ley de Salud Mental, la evaluación médica en salud mental es voluntaria, ninguna persona puede ser obligado a someterse a un examen médico con el objeto de determinar si padece de un problema de salud mental o no, su
proyecto de ley no afecta ningún derecho.
Por el contrario, “lo que se promueve es la absoluta transparencia de conocimientos e información para los ciudadanos con la finalidad de que puedan tomar conscientemente las mejores decisiones”.
Tal como se puede apreciar, la propuesta se basa en el absoluto convencimiento de que la única forma de combatir la violencia entre las personas es fortaleciendo en cada una de ellas la formación de valores y la salud mental, señala.