La congresista Ariana Orué Medina (Podemos Perú), presentó un proyecto de ley que crea un subsistema de justicia especializado y exclusivo para la investigación y juzgamiento de delitos de sicariato, extorsión y crímenes conexos.
La iniciativa señala que el objetivo es consolidar un sistema especializado que atienda los procesos penales seguidos contra imputados por la presunta comisión de estos delitos, a fin de fortalecer la respuesta del Estado frente a estas modalidades criminales.
El proyecto dispone que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, en el marco de sus respectivas autonomías y competencias, deberán crear o convertir órganos especializados que se dedicarán de manera exclusiva al conocimiento de los procesos derivados de estos delitos.
Entre los órganos comprendidos se consideran: Juzgados penales especializados en sicariato, extorsión y crímenes conexos (de investigación preparatoria, unipersonales y colegiados); Fiscalías penales especializadas en estas mismas materias; Defensores públicos especializados; y unidades de la Policía Nacional del Perú dedicadas a la investigación de dichos delitos.
La iniciativa precisa que estos órganos se regirán por los principios de celeridad, especialidad y exclusividad, bajo la responsabilidad funcional de sus titulares. Asimismo, indica que la creación de órganos especializados no será aplicable a la conformación de salas en la Corte Suprema ni a la creación de fiscalías supremas.
En las disposiciones finales, se establece que la implementación del subsistema será progresiva a nivel nacional. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Junta de Fiscales Supremos, en coordinación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobarán un cronograma que priorice los distritos judiciales y fiscales con mayor incidencia de estos delitos.
El financiamiento se realizará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para ello, deberán efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias.
Finalmente, la propuesta indica que las entidades que integran el subsistema especializado adecuarán su marco normativo interno —incluyendo reglamentos de organización y funciones y cuadros de asignación de personal— en un plazo máximo de 90 días calendario desde la entrada en vigor de la ley.