El procurador del Congreso, Manuel Peña Tavera, interpuso una denuncia penal contra Karelim López Arredondo como presunta autora de los delitos contra la fe pública, falsedad ideológica y contra la administración pública, por su negativa a colaborar con la administración de justicia, en agravio del Parlamento.
La medida se sustenta en la elaboración y presentación de pruebas de diagnóstico del covid-19 falsificadas y otros documentos similares, con los que la empresaria justificó su ausencia, el 12 de enero pasado, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la cual cuenta con facultades para investigar las reuniones y visitas a la casa del pasaje Sarratea, en Breña.
La denuncia señala que López “fue válidamente citada con la finalidad de que preste declaración respecto a hechos que son de su conocimiento y cuya investigación –previamente entablada– se ventila en la citada comisión parlamentaria, perjudicando con ello la indagación en curso y mermando los recursos públicos.
Asimismo, que su inasistencia para comparecer y declarar ante el Parlamento Nacional, configura el ilícito de negativa a colaborar con la administración de justicia, estipulado en el artículo 371 del Código Penal, que señala:
“El testigo, perito, traductor o intérprete que, siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas”.
Además, precisa que “la negativa de prestar dicha colaboración implica la asunción de una responsabilidad, en cuanto esa omisión ha de generar un trastorno dentro del proceso y de la orientación que este sigue, lo que repercute de un modo directo en el servicio de justicia, ya sea retardándolo o paralizándolo”
La denuncia, que fue presentada ayer ante el fiscal provincial Penal Corporativo de Lima al amparo del artículo 47 de la Constitución Política, también alcanza al enfermero del policlínico Luz de Salud Christian Vila Salcedo como presunto autor del delito contra la fe pública –falsedad genérica– en agravio del Congreso.
Por último, el procurador del Parlamento solicita al fiscal provincial abrir investigaciones preliminares y posteriormente disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria correspondiente.