El pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer el sistema de justicia reforzando las unidades de flagrancia a fin de garantizar un estándar mínimo de atención a las víctimas de un hecho delictivo, una atención efectiva que contribuya a la protección integral de las víctimas en casos de violencia familiar.
De igual manera, establecer los lineamientos para fortalecer las capacidades de los sectores vinculados al tema y de los gobiernos regionales y gobiernos locales en relación con la incorporación de tecnologías que permitan brindar un servicio eficaz y eficiente al ciudadano.
Así la iniciativa legislativa señala que las unidades de flagrancia delictiva constituyen las sedes judiciales especializadas del sistema de justicia penal, integradas por el Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), para la realización de diligencias e investigaciones, formulación de acusaciones, asistencia al intervenido y a la víctima, juzgamiento y expedición de sentencias dentro del proceso inmediato.
En el proceso inmediato a que se refiere el Decreto Legislativo 1194, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Minjusdh, el MIMP, en coordinación con los gobierno regionales y gobiernos locales, implementan las medidas necesarias para la protección de las víctimas de los delitos investigados, procesados y juzgados.
Asimismo, se establece que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Minjusdh, MIMP, así como los gobiernos regionales y gobiernos locales, incorporan el uso de sus propias tecnologías en las unidades de flagrancia delictiva, para brindar un servicio eficaz y eficiente al ciudadano.
A partir de las tecnologías y actividades científicas de cada unidad de flagrancia delictiva, se implementa el área para los servicios forenses en la investigación inmediata, a cargo de un laboratorio forense móvil.
La congresista Rosselli Amuruz (Avanza País), autora de la iniciativa, sostuvo que las unidades de flagrancia requieren un fortalecimiento en su marco normativo, por lo cual propuso se integre el MIMP a fin que cuenten con un Centro Mujer (CEM).
Al respecto, señalo que más del 50% de casos que ingresan en las unidades de flagrancia son de violencia familiar, por lo cual es necesario garantizar la protección de víctimas y que no sean expuestas a revictimización.
(FIN) RMCH/JCR
JRA
Publicado: 2/5/2024