El Congreso de la República oficializó la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública contra Delia Espinoza Valenzuela, exfiscal de la Nación, mediante una resolución legislativa publicada hoy en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.
La medida quedó formalizada a través de la
Resolución Legislativa N° 010-2025-2026-CR
, que dispone la sanción por la infracción de los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución Política del Perú.
Fundamentos de la sanción
Según la resolución, el procedimiento se originó a partir de las Denuncias Constitucionales 563 y 618, presentadas en el 2025. Tras la investigación realizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la evaluación de la Comisión Permanente, el caso fue sometido a consideración del Pleno del Congreso.
El informe final concluyó acusar a Espinoza por infracción constitucional e imponer la sanción de inhabilitación. Asimismo, archivó los extremos relacionados con los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, así como las imputaciones vinculadas a los artículos 158 y 159 de la Carta Magna.
Acusación de Espinoza
De acuerdo con el documento, durante el proceso se acreditó la emisión de la Denuncia Constitucional 549 contra once congresistas por el presunto delito de negociación incompatible, debido a su participación en la aprobación de un dictamen legislativo relacionado con pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El informe sostiene que dicha actuación habría excedido los límites constitucionales del ejercicio del poder público. Además, señala que la denuncia se sustentó en una motivación insuficiente y en actuaciones contrarias a las garantías procesales.
Procedimiento
La resolución precisa que durante el procedimiento de acusación constitucional se respetaron las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho de defensa, la presentación de descargos y la participación de la defensa técnica de la exfiscal de la Nación.
Con base en estas consideraciones, el Pleno del Congreso, tras el
debate realizado el 12 de marzo del 2026, resolvió
"inhabilitar, por diez diez años para el ejercicio de la función pública, a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, exfiscal de la nación".
Posteriormente, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró
fundada en parte una demanda de amparo presentada por la exfiscal y dispuso la
inaplicabilidad de los efectos de aquella primera inhabilitación, aunque condicionó sus alcances a la inexistencia de resoluciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza que dispongan lo contrario.