La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales otorgó el plazo de cinco días hábiles, contado desde el martes 20 hasta el próximo martes 27 de diciembre, para que el congresista Diego Bazán Calderón (Avanza País) presente el informe final respecto de la Denuncia Constitucional 307 contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.
A ese acuerdo de autorización se llegó este lunes 19, con 20 votos a favor, una abstención y ninguno en contra.
Lady Camones Soriano, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, informó que tanto el expresidente Pedro Castillo Terrones, como los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado, de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, respectivamente, fueron notificados como corresponde.
Precisó que el 6 de diciembre Castillo Terrones fue notificado en Palacio de Gobierno, y los exministros de Estado fueron notificados en la dirección que figura en sus respectivos Documentos Nacional de Identificación; sin embargo el plazo venció el 15 de diciembre y ninguno de los denunciados han presentado sus descargos.
Antes el congresista José Balcázar (PB) preguntó sobre cómo podría responder el expresidente si se encuentra detenido. Agregó que, si uno de los denunciados se encuentra detenido en un centro penitenciario, entonces tiene que cumplirse con la formalidad de que se publique las notificaciones en el diario oficial El Peruano.
En el curso de la sesión, la congresista Noelia Herrera (RP), que había sido nombrada delegada de la denuncia constitucional 307, informó que -mediante un oficio- presentó su declinación.
En ese contexto, la presidenta de la subcomisión dispuso que se elija al nuevo delegado en la fecha e inmediatamente el congresista Balcázar propuso al congresista Edgard Reymundo (CD-JPP), quien -posteriormente- declinó a la postulación. En tanto que, la congresista Patricia Juárez (FP) sugirió como nuevo delegado al congresista Diego Bazán, quien fue nombrado como tal.
“Que no quede duda que asumo este caso con mucha responsabilidad”, dijo Bazán Calderón.
La DC 307 fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra Pedro Castillo Terrones por la posible comisión del delito contra la tranquilidad publica en la modalidad de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión.
En la misma denuncia también se acusa a Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones y a Geiner Alvarado López, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por ser presuntos autores del delito contra la tranquilidad publica en la modalidad de organización criminal.
En la sesión, Camones Soriano dio cuenta del ingreso de tres denuncias constitucionales. Una de ellas es la denuncia constitucional (DC) 051 (Ex 387), formulada por el ciudadano Víctor Manuel Otoya Petit contra ex miembros del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma Narváez, Eloy Espinoza Saldaña Barrera, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Ernesto Blume Fortini; por la presunta infracción de los artículos 38, 51, 106, 138 y 201 de la Constitución.
Otra es la D.C. 052 (Ex 388) formulada por el ciudadano Víctor Manuel Otoya Petit contra la exintegrante del TC, Marianella Ledesma Narváez, por presunta infracción del artículo 201 de la Constitución y los presuntos delitos de falsedad genérica y usurpación de funciones, tipificados en los artículos 438 y 361 del Código Penal, respectivamente.
Finalmente, se dio cuenta del ingreso de la DC 131 formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra la excongresista Rosario Paredes Eyzaguirre, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, previsto en el artículo 382 del Código Penal.
(FIN) NDP/JCR
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Publicado: 19/12/2022