La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un dictamen que permite que todo ciudadano pueda ingresar a instituciones públicas con teléfonos móviles, cámaras o grabadoras para documentar reuniones, audiencias y otros actos de gestión pública, siempre que no exista una prohibición expresa establecida por ley.
La iniciativa, aprobada por mayoría en este grupo de trabajo, busca fortalecer la transparencia en la gestión pública mediante el ingreso y uso de dispositivos electrónicos en las entidades del Estado.
En ese sentido, la norma dispone también que las entidades del Estado y sus funcionarios deberán registrar en actas, videos o grabaciones las reuniones agendadas y las peticiones formales presentadas por ciudadanos u organizaciones sociales, material que pasará a formar parte del acervo documental institucional con carácter de documento público.
La propuesta excluye de su aplicación a espacios protegidos por normas de seguridad nacional, defensa o investigación fiscal o judicial, así como a aquellos vinculados con información clasificada o legalmente reservada.
El dictamen, asimismo, prohíbe que funcionarios o servidores públicos impongan restricciones arbitrarias al uso de dispositivos electrónicos en actos públicos de gestión gubernamental, al considerar que dicha conducta afecta el derecho de acceso a la información y la transparencia estatal.
Quienes incumplan la norma podrán ser sancionados con la apertura de procedimientos administrativos por falta grave, que podrían derivar en suspensión o destitución, además de eventuales denuncias penales por abuso de autoridad y otras responsabilidades previstas en la legislación vigente, según precisa el dictamen.
En la misma sesión, conducida por la secretaria de la comisión, Ariana Orué (PP), se aprobó otros dictámenes relacionados con la continuidad de proyectos de inversión durante declaratorias de emergencia, la promoción de la continuidad de inversiones públicas en gobiernos regionales y locales, y la regulación de la declaración jurada integral de ingresos, bienes, rentas e intereses de funcionarios públicos.
Finalmente, el grupo de trabajo también recibió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, David Manuel Rosales Tinoco, quien informó sobre las acciones adoptadas frente a observaciones de la Contraloría General de la República en la obra de reconstrucción del tramo 1-1690 de la avenida Agustín Gamarra, en la ciudad de Huaraz.
(FIN) NDP/FHG/JCR
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Publicado: 16/3/2026