La Comisión de Salud y Población del Congreso aprobó el dictamen que establece la obligatoriedad de activar un proceso de terapia familiar cuando se inicie un trámite de divorcio o tenencia compartida en familias con hijos menores de edad.
En ese sentido, se busca proteger la salud mental de los niños y promover la conciliación entre los progenitores. El texto detalla que las sesiones deberán ser supervisadas por profesionales de psicología o psiquiatría y coordinadas por el órgano jurisdiccional correspondiente.
El proyecto contempla excepciones en los casos en que la terapia no resulte viable, como en situaciones de violencia familiar o riesgo para la integridad de algún miembro del hogar. La terapia incluirá comunicación efectiva, manejo de conflictos y un ambiente emocionalmente seguro para los menores.
Los centros de salud mental comunitarios serán responsables de implementar el programa, definir la frecuencia de las sesiones y presentar un informe final sobre el estado psicológico de los integrantes de la familia.
Según datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en 2023 se registraron alrededor de 10 mil separaciones y, en 2022, más de 19 mil divorcios, la cifra más alta en nueve años. La mayoría de los casos son de mutuo acuerdo, aunque el 10 % corresponde a procesos contenciosos que derivan en disputas por custodia y régimen de visitas.
Expertos señalan que el divorcio constituye una etapa de transición que obliga a la familia a reorganizarse, lo que puede impactar de forma negativa en los hijos si no se manejan adecuadamente los conflictos.
Ley sobre cáncer infantil
La comisión también aprobó el dictamen que modifica la Ley N.° 31041, norma de urgencia médica para la detección y atención integral del cáncer infantil y adolescente.
La iniciativa establece un plazo máximo de 10 días calendario para que los pacientes pediátricos con diagnóstico confirmado de cáncer sean referidos a centros especializados.
La propuesta, presentada por la congresista Jessica Córdova Lobatón (RP), busca garantizar un sistema de atención rápido y eficiente, eliminando demoras que pueden afectar el tratamiento oportuno.
“Este dictamen busca aliviar el sufrimiento de miles de familias y asegurar que ningún niño vea truncada su esperanza de vida por falta de gestión pública”, sostuvo Córdova.
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