La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó hoy, por unanimidad, el dictamen del Proyecto de Ley N.° 5414-2022/CR, que precisa las irregularidades administrativas en las que pueden incurrir autoridades, funcionarios y servidores durante los procesos de transferencia de gestión en gobiernos regionales y locales.
La iniciativa, presentada por el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (Fuerza Popular), propone modificar el artículo 10 de la Ley 30204, Ley que regula la transferencia de gestión administrativa en estos niveles de gobierno, con el fin de fortalecer el control, la idoneidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
El texto aprobado establece sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones de transferencia. Precisa que “los actos u omisiones orientados a ocultar, omitir, alterar, modificar o falsificar información, así como impedir, retrasar o entorpecer el desarrollo del proceso de transferencia, generan responsabilidad administrativa”.
La sanción correspondiente será impuesta en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran determinarse. Estos hechos, además, deberán ser informados a la Contraloría General de la República para la acción de control que corresponda.
A diferencia de la regulación vigente, el dictamen amplía el alcance de las conductas sancionables, incorporando hechos que pueden ocurrir no solo durante el trabajo de la comisión de transferencia ya instalada, sino también en etapas previas del proceso. Con ello, se busca evitar que prácticas detectadas en transferencias anteriores queden impunes.
Durante el debate, Aguinaga destacó que la propuesta no genera costos adicionales al erario público ni a los presupuestos de gobiernos regionales o municipales. Por el contrario, permitirá ajustar la normativa vigente para asegurar mayor transparencia y control en el uso de los recursos públicos al cierre de cada gestión.
“Esta propuesta contribuirá a prevenir actos de corrupción e ineficacia administrativa, y a preservar el patrimonio del Estado”, señaló el parlamentario.
Finalmente, el dictamen precisa que, en el caso de gobiernos regionales y municipales, la habilitación y disposición presupuestal vinculada a las transferencias deberá ejecutarse durante el primer semestre de cada año, bajo responsabilidad administrativa.
(FIN) NDP/KCO/JCR
Más en Andina
Publicado: 1/12/2025