Con la finalidad de luchar contra diversos actos de corrupción en la función pública del país, el Pleno del Congreso aprobó una iniciativa de ley que crea las veedurías ciudadanas anticorrupción.
Durante el Pleno, se debatió el predictamen favorable recaído en el proyecto de ley 504/2.021-CR, el cual fue sustentado por el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Eduardo Salhuana Cavides (APP), quien señaló que esta tiene como objetivo promover y regular la creación de veedurías ciudadanas anticorrupción en los procesos de contratación estatal e inversión pública.
Asimismo, tiene por finalidad garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y fortalecer la lucha contra la corrupción a través de la participación ciudadana en la vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos procurando prevenir y evitar cualquier forma de corrupción.
La propuesta señala que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos exigidos en la presente norma puede ser parte de las veedurías ciudadanas anticorrupción, mediante su inscripción en un acta de constitución que debe contener el nombre completo y el número del Documento Nacional de Identidad de sus integrantes; así como el objeto de la vigilancia.
La propuesta de ley también contempla su conformación y número de integrantes, la elección de su presidente, el tiempo de su vigencia, entre otros aspectos para este caso. Se incide en que uno de sus objetivos es también que dichas veedurías son para fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y en la contratación estatal.
Al término de la sustentación de la iniciativa de ley, el parlamentario Edgar Reymundo Mercado (CD-JP), autor de la iniciativa de ley manifestó que dicho proyecto es un mecanismo que permitirá vigilar a los intentos y actos de corrupción en el Estado, y garantizar la transferencia y uso de los fondos públicos del país.
El legislador Juan Burgos Oliveros (Unidad y DP), también señaló la necesidad de buscar mecanismos viables que permitan mejorar la fiscalización y vigilancia en este caso.
Su colega José Cueto Aservi (RP), destacó la importancia de la norma y al mismo tiempo solicitó más precisiones para la aplicación de los procesos en mención, así como los tipos de responsabilidad.
Edwin Martínez sostuvo que ya existen en este caso mecanismos de fiscalización de parte de los municipios y otras instancias del Estado.
La congresista Martha Moyano Delgado (FP), también solicitó algunas precisiones en relación a los procesos para este caso. A su turno, la legisladora Norma Yarrow Lumbreras, también dio a conocer sus aportes y puntos de vista al respecto precisando algunos términos y referencias de gestión para este tema.
Al término de las intervenciones, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación con 89 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones.
Sin embargo, no alcanzó en su segunda votación los tres quintos del mínimo legal de los congresistas por lo que esta volverá a ser sometida al voto, en una próxima sesión plenaria.
(FIN) NDP/JCR
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Publicado: 19/10/2023