Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron respecto al Decreto de Urgencia (DU) 010-2025, que plantea medidas excepcionales para la reorganización de Petroperú, durante la mesa de trabajo “La privatización de Petroperú: consecuencias para los consumidores”, organizada por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos”.
La presidenta de la comisión, Katy Ugarte Mamani (JPP-VP-BM), advirtió que, si bien el Ejecutivo sostiene que el decreto busca asegurar la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos, no existen garantías de que no se afecten los derechos de los consumidores ni el interés nacional, especialmente ante un posible proceso de privatización.
“La pregunta central es si con estas decisiones se puede asegurar que los consumidores no serán perjudicados, ya sea por alzas de precios, menor control del mercado o pérdida del rol regulador que hoy cumple Petroperú”, sostuvo la parlamentaria.
El congresista Hamlet Echeverría Rodríguez alertó sobre los efectos de la menor presencia estatal en el mercado, citando recientes alzas de combustibles que impactan directamente en la economía familiar. Resaltó que Petroperú ha sido históricamente un referente para contener la especulación y garantizar precios accesibles.
Reorganización necesaria
Por su parte, la congresista Rosangella Barbarán Reyes (FP) sostuvo que el Decreto de Urgencia busca una reorganización necesaria para evitar el colapso financiero de la empresa estatal, pero coincidió en que la protección del consumidor debe ser prioritaria.
El congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL) cuestionó la constitucionalidad del decreto y alertó que su aplicación podría derivar en mayor concentración del mercado y precios fijados por intereses privados, en perjuicio de los consumidores.
Asimismo, la congresista Isabel Cortez Aguirre (NoA) señaló que el Estado es uno de los principales deudores de Petroperú, información que se omite en discursos favorables a la privatización.
El expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez Liceras, aclaró que la empresa mantiene un patrimonio neto positivo de 2 200 millones de dólares, y que el problema actual corresponde a estrés de caja y capital de trabajo negativo, situación que puede solucionarse con una adecuada gestión financiera. Destacó además que los estados financieros han sido auditados con informes limpios y sin observaciones, reforzando la credibilidad de la información.
La congresista Katy Ugarte concluyó que cualquier reforma debe evaluarse desde la defensa del consumidor, la transparencia y el interés nacional, advirtiendo que una privatización sin salvaguardas podría derivar en alzas de precios, menor control del mercado y afectación directa a los derechos de la ciudadanía.
(FIN) KCO/JCR
JRA
Más en Andina
Publicado: 8/1/2026