Esta tarde será internado en el penal de Qenccoro el congresista de la República Benicio Ríos Ocsa, luego de su traslado desde la capital Lima al Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, que lo sentenció a siete años de cárcel por el delito de colusión.
El
parlamentario será trasladado hoy desde Lima a la Ciudad Imperial, confirmó el jefe de la Región Policial Cusco, coronel PNP Manuel Mar Pérez, pero no precisó la hora del arribo.
Agregó que
Benicio Ríos será entregado a la autoridad judicial y llevado a una audiencia de ejecución de condena, luego lo recluirán en el penal de varones situado en el distrito cusqueño de San Jerónimo.
El oficial confirmó esta mañana que las operaciones de ubicación y detención comenzaron con un acercamiento con la familia y allegados; para garantizar la captura se viajó a Lima y con apoyo de la PNP de Inteligencia lo detuvieron anoche.
Benicio Ríos Ocsa cumplirá siete años de cárcel tras la ratificación de la sentencia por la Segunda Sala de Apelaciones tras la condena en primera instancia por el juez Jimmy Manchego del Cuarto Juzgado Unipersonal de Cusco, en diciembre del 2017.
Este fue procesado por el delito contra la administración pública, colusión, cometido cuando era alcalde de Urubamba en el 2007-2010.
Fue hallado culpable en la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas de terreno para el relleno sanitario en el distrito de Maras, provincia cusqueña de Urubamba.
Otros condenados
Los siete años de cárcel también son para el gerente municipal, Raymundo Romero Cavero, y el propietario del predio, Mario Ccoyori Salgado, con quienes hubo pacto e influencia para la compra desde el 2008, después de que se formara una comisión encargada para la adquisición.
Se precisó que el mismo día del acuerdo municipal, el 21 de octubre del 2009, se giró el cheque a favor de Ccoyori Salgado y Romero Cavero ordenó al administrador del Banco de la Nación el depósito por la suma de un millón 224,000 soles (el terreno que costaba un dólar el metro cuadrado llegó a costar cinco dólares).
El magistrado confirmó que los sentenciados fueron inhabilitados también para ejercer un cargo público por tres años y al pago solidario de una reparación a favor del Estado peruano, al ser agraviado el municipio de Urubamba, de 250,000 soles.
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(FIN) PHS/MAO
GRM
Publicado: 15/11/2018