La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Norte consiguió que se condene a ocho años de prisión efectiva al comandante PNP Manuel Canales (57), por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado, en el distrito de San Martín de Porres.
En el juicio oral, la fiscal provincial Beatriz Monroy Castillo sostuvo que, en mayo de 2026, personal policial advirtió que el procesado conducía indebidamente un vehículo particular por la vía exclusiva del Metropolitano (altura de la estación Parque del Trabajo), mientras manipulaba su teléfono, por lo que solicitó que se detuviera.
Sin embargo, el hoy sentenciado desobedeció las órdenes legítimamente impartidas por el efectivo interviniente y argumentó ser comandante, mientras se resistía a acatar la disposición. Asimismo, expresó frases denigrantes que denotaron el quebrantamiento deliberado al principio de autoridad, por lo que -ante la flagrancia- Canales fue detenido y trasladado a la dependencia policial del sector.
Pruebas
La titular del despacho sustentó como principales pruebas el acta de intervención policial, las declaraciones de los efectivos intervinientes, la transcripción de los videos de la intervención, la inspección técnico policial, el comunicado de la Inspectoría General de la PNP, la consulta de casos fiscales, la hoja de consulta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre otros.
Prisión preventiva antes de condena de 8 años
Cabe resaltar que la sentencia se obtuvo en tres meses, gracias a que la Fiscalía consiguió que el Poder Judicial apruebe la incoación de proceso inmediato y dicte prisión preventiva por cuatro meses contra el comandante. De este modo, se aceleró el proceso, sobre la base de las pruebas recogidas, para iniciar un juicio inmediato, en el que también se consiguió que el procesado deba pagar S/5.000 de reparación civil.
El Código Penal contempla el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad y establece una pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años para quien desobedezca o se resista a una orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención.
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(FIN) NDP/ RAI
Publicado: 27/8/2026