Un tribunal de EE. UU. condenó a las FARC y a varios de sus cabecillas a pagar 36 millones de dólares por el secuestro de más de seis años de la política colombiana Ingrid Betancourt, según informaron este jueves los abogados de la acusación.
La sentencia, dictada el pasado 4 de enero por el juez Matthew Bran, de la corte federal de Pensilvania y que se conoció hoy por un comunicado de los abogados, indica que las FARC deben pagar 12 millones de dólares por compensación de daños al hijo de Betancourt, Lawrence Delloye, que fue quien presentó la demanda en junio del 2018 y que era adolescente cuando su madre fue secuestrada.
A esos 12 millones se suman los gastos de los abogados, lo que lleva el total a más de 36 millones de dólares, apuntó el bufete encargado de la acusación, la firma estadounidense Scarinci Hollenbeck.
Delloye arguyó en su denuncia que las FARC y sus cabecillas habían violado la Ley Antiterrorista y que el secuestro de su madre le había causado un estrés emocional significativo.
"Aunque ninguna suma de dinero puede reemplazar el tiempo que Lawrence Delloye perdió sin su madre ni sanar el trauma sufrido a manos de las FARC, estamos orgullosos de haber podido lograr algún tipo de justicia", dijo en un comunicado Robert Levy, abogado de Scarinci Hollenbeck.
El caso se pudo llevar ante la justicia estadounidense por ser Delloye ciudadano de EE. UU., nacido en San Bernardino (California) en 1988.
Daños por la separación
"Las FARC y sus miembros llevaron al demandante a sufrir daños asociados con la separación de su madre, y a padecer estrés emocional al no saber si su madre estaba muerta o viva, o si volvería a reunirse con ella", alegó Delloye en la denuncia.
En su sentencia, el juez apunta que de los 15 líderes de las FARC acusados, solo uno, Juan José Martínez Vega, respondió a las acusaciones, mientras que el resto no ha aparecido ante el tribunal en los últimos tres años y medio.
Ingrid Betancourt, que hoy tiene 61 años, fue secuestrada en febrero del 2002 durante una visita que formaba parte de su campaña presidencial a una zona del sur de Colombia controlada por las FARC.
En julio del 2008 fue rescatada, junto a otros 14 rehenes de las FARC, por soldados colombianos que se hicieron pasar por cooperantes de una organización humanitaria internacional.