Por José Vadillo Vila“Lo mejor que puedes hacer cuando das de baja tu celular es destruirlo, no venderlo. No sabes para qué fines pueden utilizarlo después”, advierte el coronel Orlando Mendieta Pianto, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), mientras un agente, provisto de unas tenazas y un software, ingresa a la información de un smartphone que unos ladrones bloquearon y botaron, creyendo que el asunto estaba resuelto.
El noveno piso del edificio policial Alcides Vigo Hurtado, en la avenida España, es silencioso y sin ascensor directo. Un largo pasadizo donde se trabaja los siete días para dar con los ciberdelincuentes. En una de las oficinas, 15 ciberpolicías investigan delitos sexuales contra menores de edad.
Trabajan con audífonos. No querrás escuchar lo que ellos deben soportar. “Es un trabajo que no es para todos”, advierte Mendieta. En sus 14 años de historia, la Divindat ha visto a agentes policiales pedir su cambio: hay que tener agallas para seguir las investigaciones y visualizar videos, fotos muy duras que comprometen a menores de edad. Inclusive hay sexo con bebés. Es el material que los pedófilos suben y comparten en sus redes.
Madres de familia
Cuatro integrantes del equipo ya están curtidos, tres son madres de familia. Trabajan junto con un psicólogo, que los evalúa periódicamente. Cada cierto tiempo se van de descanso para desintoxicarse.
El suboficial tiene cara de adolescente, de integrante del Grupo Terna, y se llama Kenyi Quispe. Paradójicamente, es uno de los más antiguos aquí; lleva un lustro trabajando en la Divindat. “Los casos son realmente fuertes”, enumera los abusos de niños, niñas y adolescentes (NNA) que ha tenido que presenciar online para hacerse pasar como un usuario más de las redes. “Hay actos sexuales que incluyen torturas, el uso de objetos. Todo con el fin de grabarlos y comercializarlos”.
Kenyi conoce el modus operandi de los pedófilos. Se llama grooming, una máscara virtual que llenan de inocencia y bondad. A muchas de las víctimas las captan por los juegos en línea o el modelaje, en el caso de las niñas. “Yo te puedo hacer ganar más puntos, ¿quieres?”, es la invitación que lanzan muchos pedófilos. ¿Quieres? Primero, lo invitan a conversar en un chat privado, donde también pueden compartir archivos; se van ganando la confianza; preguntan cuál es su Facebook o Instagram; sacan información sobre los padres.
Los ciberagentes saben que los pedófilos no escogen a cualquiera. Kenyi cierra los puños. Recuerda el caso de un adolescente de 17 años que no tenía padres y vivía con sus tíos. “Cuando ven que el adolescente o el menor no está protegido o no tiene a nadie, ellos se ganan esa confianza; les brindan todo, afecto paternal, cariño. Es ahí donde actúan”. Es el paso que los agentes de la Divindat llaman “el abordaje”.
El agente Quispe lo ha visto muchas veces: “Cuando el menor reaccione, el pedófilo entrará en modo chantaje. Pedirá más fotos y videos en posturas, poses. La ola del chantaje seguirá en ascenso. El menor a veces se aísla, no sabe a quién contar y queda a merced del pedófilo”.
Capacitación permanente
La tecnología evoluciona constantemente, aplicativos, redes sociales. Por ello, la capacitación es constante. Ocho de los 15 agentes policiales que velan por la ciberprotección infantil han estudiado por su cuenta ingeniería de sistemas, lo que les permite orientar a las Divincri del interior del país. “Tenemos que ir a la par de los ciberdelincuentes”, dice el agente Quispe.
La oficina de apoyo y coordinación forense de la Divindat extrae información de celulares y discos duros que la gente piensa que ha borrado. Aquí se recupera todo: audios, fotos; los videos de los pedófilos se pueden borrar de las redes sociales, pero la información queda en el teléfono, en las memorias interna o externa, o en las ‘nubes’.
Esta información será vital para que el juez haga solicitudes de información mediante una página para operadores de justicia que tienen Facebook, WhatsApp e Instagram.
“Para nosotros es primordial conocer la IP, el uso horario y el tiempo en que se conectó la persona”, dice el coronel Mendieta. Con ello se solicita un levantamiento del secreto de las comunicaciones y, siempre mediante la orden del juez, solicitar a América Móvil o Telefónica del Perú quién sacó el teléfono y dónde vive. Con ello nos acercamos en un 95% al ciberdelincuente. Se puede hacer el allanamiento y revisar dispositivo por dispositivo en una vivienda o una cabina hasta encontrar los ‘rasgos’ de los usuarios que tengan ingresos a páginas pornográficas o softwares que hayan tenido para compartir archivos pornográficos de menores”.
Aumento de denuncias
Entre enero y diciembre del 2018, la Divindat registró 48 denuncias en Lima y el Callao por pornografía infantil. Entre enero y agosto de este año, ya suman 118. Una hipótesis del aumento es la mayor facilidad, cada año, de acceso a los dispositivos móviles que tienen los NNA, son más baratos e inclusive solo les basta conectarse a wifi libres.
Mendieta lamenta la falta de “cultura de prevención de delitos informáticos” en el Perú. En una reciente reunión de especialistas, en Viena, se dio a conocer que los delitos informáticos mueven 3 billones de dólares anuales, es decir, son más rentable que el narcotráfico (2 billones).
Precisa que si bien el Código Procesal Penal ordena a las operadoras peruanas brindar información a las autoridades, no precisa el plazo de tiempo, y estas pueden tomar de 20 días a más de un mes, lo que hace peligrar las investigaciones.
Anota que no hay un perfil de los ciberabusadores, salvo que la gran mayoría no tiene antecedentes penales. “Se han detenido egresados de la UNI, profesores de matemática, de marinera, de inglés, personas políglotas. Lo que más se da es el entorno familiar”.
A escala regional, solo Arequipa cuenta con un Departamento de Delitos de Alta Tecnología, donde trabajan 23 agentes. El Ministerio del Interior planea crear departamentos similares, por lo menos en Piura y Trujillo, donde también se registran estadísticas altas de cibercrímenes que vulneran a los NNA.
Si bien la efectividad de los casos investigados se acerca al 100%, Mendieta explica que las condenas por delitos informáticos aún son muy benevolentes, no mayores a los 7 años porque, por lo general, no hay violencia. Otro problema anexo, comenta el policía, es que el Perú es uno de los pocos países que no cuentan con fiscalías y juzgados especializadas en los delitos informáticos.
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JRA
Publicado: 23/9/2019