El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ejecutó un megaoperativo para desmantelar estaciones radioeléctricas no autorizadas en inmediaciones de los establecimientos penitenciarios Ancón I, Piedras Gordas II, Sarita Colonia (Callao) y Andahuaylas (Apurímac).
La intervención simultánea permitió incautar siete torres de telecomunicaciones, 33 antenas, repetidores y otros equipos utilizados para transmitir señales de telecomunicaciones sin concesión hacia los penales.
La operación realizada en el marco del Comando Unificado fue supervisada por la presidenta de la república, Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.
La intervención contó con la participación coordinada de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público y tuvo como objetivo neutralizar infraestructuras que podrían facilitar comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios y contribuir a la comisión de delitos.
En las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios Ancón I, los equipos de fiscalización intervinieron dos inmuebles que albergaban torres de doce y tres metros de altura, detalló el MTC en una nota de prensa.
“Estas estructuras contaban con antenas sectoriales y direccionales que operaban en distintas frecuencias de la banda de 5 GHz”, precisó.
Piedras Gordas II y Sarita Colonia
En Santa Rosa, Ancón, en zonas cercanas al centro penitenciario Piedras Gordas II, se intervino una estación no autorizada. La infraestructura contaba con una torre de cuatro metros equipada con cinco antenas direccionales que operaban en la banda de 5 GHz.
Asimismo, en el distrito de Puente Piedra se desmanteló una torre de 18 metros, equipada con siete antenas.
En el Callao, cerca del establecimiento penitenciario Sarita Colonia, se desmantelaron dos estaciones. La primera contaba con una torre de 15 metros y tres antenas sectoriales; la segunda tenía una torre de 21 metros, cuatro antenas sectoriales y una direccional.
En Andahuaylas, región Apurímac, se intervino un punto y se encontró una torre de 15 metros, así como dos antenas direccionales. La estación operaba en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, utilizadas para transmitir señales de internet de banda ancha.
“Estas instalaciones permitían dirigir señales hacia el interior de los establecimientos penitenciarios con el propósito de evadir los sistemas de bloqueo, lo que representa un riesgo para la seguridad y el control de las comunicaciones en dichos recintos”, añadió el ministerio.
Hasta nueve años de prisión
El MTC advirtió que la instalación y operación de infraestructura radioeléctrica sin autorización o concesión afecta la gestión del espectro radioeléctrico, recurso de dimensiones limitadas y estratégico del Estado.
Además, distorsiona el mercado de telecomunicaciones, al generar competencia desleal frente a los operadores formales que cumplen con las obligaciones técnicas y regulatorias vigentes.
“El uso no autorizado del espectro constituye una infracción administrativa muy grave y puede generar responsabilidades penales, según las circunstancias de cada caso”, alertó el MTC.
Asimismo, determinados delitos vinculados con la instalación de antenas en zonas intangibles de establecimientos penitenciarios pueden sancionarse con penas de hasta nueve años de prisión, de acuerdo con la legislación aplicable.
Finalmente, los equipos incautados –entre ellos enrutadores, antenas y fibra óptica– serán puestos a disposición a las autoridades para las responsabilidades administrativas, civiles y penales, a fin de garantizar su disposición adecuada.
El MTC continuará con estas acciones para garantizar el buen uso del espectro radioeléctrico, en el marco de Emergencia Nacional contra la inseguridad ciudadana.
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(FIN) NDP/CCH
Publicado: 26/10/2026