12:20 | Lima, mar. 17 (ANDINA).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado al Estado peruano para que concurra a la sesión del próximo 23 de marzo, donde se verá la medida cautelar otorgada a favor de la Comunidad de la Oroya por la contaminación ambiental en la zona y la situación de derechos humanos del pueblo Asháninka.
El gobierno ha designado que representantes del Ministerio de Energía y Minas, del Organismo Supervisor de Inversión en Energía y MInería (Osinergmin) acudan a dicha sesión para avanzar en torno al fondo del asunto.
El 31 de agosto de 2007 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya en Perú debido a una serie de afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua en la comunidad de La Oroya, producto de partículas de metales liberadas por el complejo metalúrgico de Doe Run.
En diciembre de 2005 y noviembre de 2006 la Comisión solicitó información al Estado respecto de qué medidas estaba adoptando para proteger la salud de la población de La Oroya afectada por la contaminación, en particular en cuanto a la atención médica adecuada y a los controles ambientales en las fundiciones.
La CIDH también solicitó al Estado peruano adoptar las medidas pertinentes para practicar un diagnóstico médico especializado a los beneficiarios, proveer el tratamiento médico especializado y adecuado.
El 8 de marzo de 2006, durante su 124º período ordinario de sesiones, la Comisión realizó una reunión de trabajo de la cual participaron representantes del Estado y de los solicitantes.
En el caso de los Ashaninkas, el 22 de marzo de 2007 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario Mashco Piro, Yora y Amahuaca que habitan la zona del río Las Piedras, Departamento de Madre de Dios en Perú.
Ya en el año 2006 la Comisión había solicitado información al Estado peruano con respecto a la situación de dichas comunidades indígenas, en particular sobre la implementación de medidas para garantizar su vida e integridad personal y erradicar las actividades de extracción ilegal de madera en su territorio.
El 12 de octubre de 2007, durante su 130º período ordinario de sesiones, la CIDH celebró una audiencia pública en la cual recibió información del Estado y de los representantes de los beneficiarios sobre la implementación de las medidas cautelares dictadas.
(FIN) CSO/CSO
Publicado: 17/3/2010