La expulsión o separación definitiva de la escuela de un alumno con conducta inapropiada no es una solución del problema porque impide a los estudiantes reflexionar sobre su comportamiento y tomar acciones concretas para reparar el daño, afirmó Killa Miranda, responsable de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm).
Miranda dijo que la labor de la escuela está centrada en brindar soporte pedagógico y apoyo para que el estudiante logre la autorregulación de su comportamiento, y separarlo definitivamente no aporta a este objetivo educativo.
Al referirse al maltrato de una profesora por parte de varios alumnos de un colegio del Callao, la funcionaria dijo que las medidas correctivas deben ser reparadoras y efectivas, respetuosas de la integridad física, psíquica y moral de los estudiantes y de los derechos de los niños y adolescentes.
“El artículo 17 de la Ley N° 27337, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, prohíbe que las medidas correctivas constituyan actos de violencia, trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos físicos y humillantes, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud y el desarrollo integral de los estudiantes”, anotó.
Miranda también señaló que las medidas correctivas deben permitir que los estudiantes puedan reflexionar y aprender de la experiencia vivida, para lo cual es necesario contar con la participación y el compromiso de los padres de familia y apoderados con el fin de contribuir a su formación integral y a la convivencia democrática en la institución educativa.
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Medidas a tomar
Entre las estrategias que pueden aplicarse en estos casos, mencionó la restauración, los programas de habilidades sociales, la supervisión y el involucramiento familiar y la consejería. La restauración, agregó, permite que el estudiante restituya el daño causado mediante una acción directa sobre el problema o alguna actividad que mejore el clima de la escuela.
Por otra parte, indicó que para prevenir este tipo de incidentes, se debe impulsar la identificación e intervención temprana para detectar a los estudiantes con problemas de comportamiento y planificar intervenciones adecuadas.
Asimismo, está implementando una estrategia de equipos itinerantes conformados por psicólogos, docentes y trabajadores sociales, que brindan asistencia técnica en promoción de la convivencia y prevención de la violencia en 884 instituciones educativas a nivel nacional.
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(FIN) NDP/RRC