El Poder Judicial dictó condena de cinco años de prisión efectiva contra James Lenin Farfán Saavedra, delincuente reincidente que fuera detenido en flagrancia el último 14 de enero mientras robaba cables de los postes en el Fundo La Chalaca en el Callao.
Desde junio del 2021, Farfán Saavedra fue capturado cometiendo este delito en cuatro oportunidades y procesado en dos, en el 2022, recibiendo en ambos casos sentencia de prisión suspendida por 3 y 2 años.
El 5to Juzgado De Investigación Preparatoria Del Callao dictó la pena, al considerar que el robo de cables de telecomunicaciones es un delito cuyo objetivo es comercializar el cobre en el mercado ilegal. Va en aumento y perjudica la conectividad, estudios, trabajo y negocios de las personas.
Estos robos impactan con especial gravedad a los servicios públicos y del estado, como hospitales, comisarías, bomberos, etc. afectando a toda la ciudadanía.
Efectos del robo de cables
Además de interrumpir las comunicaciones, los robos de cables ponen en peligro a la población ya que en la mayoría de casos los delincuentes dejan al descubierto cámaras subterráneas, poniendo en riesgo la vida de transeúntes y circulación vehículos que pasan por la zona.
En el 2022 se registraron 55 eventos de robos de cable en todo el país, lo que perjudicó a más de 95 mil personas, siendo Lima y Callao las regiones con mayor incidencia, seguidas de Trujillo y Piura.
En el 2022 se detuvo en flagrancia a 173 delincuentes a nivel nacional. Sin embargo, la labor de la policía se vio truncada por la falta de órdenes de prisión preventiva a cargo de las autoridades.
El robo de cables es un delito
El robo de cables de telecomunicaciones es un delito que tiene penas que van de 4 a 8 años de prisión efectiva. Sin embargo, en los últimos doce meses solo 2 delincuentes fueron encarcelados.
Ante esta situación, Movistar precisa que la conectividad y los servicios de telecomunicaciones son fundamentales para todos los peruanos, porque aseguran que las personas estén comunicadas y los servicios públicos y privados como hospitales, bomberos, etc. puedan seguir funcionando.
La ciudadanía puede denunciar cualquier acto sospechoso que atente contra los servicios de telecomunicaciones.
Más en Andina:
(FIN) NDP/ SMS
JRA
Publicado: 25/1/2023