El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca ordenó siete meses de prisión preventiva para Leoncio Alfonso García Paredes, teniente del Ejército del Perú, investigado por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento en agravio de los subalternos E.M.D.Q., E.A.M.P. y H.J.V.V.
Durante la audiencia de prisión preventiva, la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria consideró que el daño ocasionado reviste especial gravedad, no solo por las presuntas afectaciones a las víctimas, sino también por el impacto generado en la sociedad, debido a la condición del imputado como miembro de las
Fuerzas Armadas del Perú, lo que compromete la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
El delito previsto en el artículo 176 del Código Penal, en concordancia con el artículo 46-A, referido a la circunstancia agravante por la condición del sujeto activo, llevó a la magistrada a valorar la gravedad de la pena, la cual podría alcanzar hasta 27 años de privación de la libertad, así como el peligro de obstaculización de la investigación, teniendo en cuenta la jerarquía militar del investigado y el contexto en el que se habrían producido los hechos.
Ante esta circunstancia, la jueza determinó que la medida cautelar resulta necesaria, al tratarse de conductas de alta gravedad y reprochables en la sociedad, y precisó que la prisión preventiva es proporcional e indispensable para garantizar la búsqueda de la verdad y el adecuado desarrollo del proceso penal.
Por tal motivo, el órgano jurisdiccional declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público y dispuso el inmediato internamiento de Leoncio Alfonso García Paredes en el penal de Cajamarca por el plazo de siete meses.
Ejército inicia investigación
Mediante un comunicado, la Séptima Brigada de Infantería dispuso el desplazamiento del inspector de la Gran Unidad, a fin de iniciar la investigación administrativa y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse, garantizando el respeto al debido proceso y a la normatividad vigente.
Según el documento, la institución informó que el martes 3 de febrero, en las instalaciones del Batallón de Infantería Motorizado Zepita N° 7, se reportó una presunta conducta impropia durante el servicio nocturno, atribuida a un oficial y personal de tropa de la unidad.
El 4 de febrero, en horas de la mañana, efectivos de la Policía Nacional acudieron a las instalaciones del BIM Zepita, ubicado en el distrito de Los Baños del Inca, y actuaron conforme a ley tras una denuncia presentada por los familiares del personal involucrado.
En el comunicado, el Ejército del Perú, refirma su política de respeto a la Constitución y a las leyes vigentes, garantizando en todo momento la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de su misión constitucional.