La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informó que no se ha efectuado ninguna transferencia de recursos a gobiernos locales para financiar Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI), debido a que dichas solicitudes no resultaron viables desde el punto de vista presupuestario, según la evaluación realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La entidad precisó que, en el marco del
Decreto Legislativo N.° 1659, presentó reiteradas solicitudes de transferencia de partidas con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF —cuatro en 2024 y cuatro en 2025— con el objetivo de financiar diversas IRI vinculadas a la reconstrucción de infraestructura afectada por eventos climáticos.
Estos recursos, detalló la ANIN, estaban orientados a asegurar la continuidad y culminación de intervenciones de reconstrucción ejecutadas por gobiernos locales, con el fin de reducir riesgos, proteger a la población y salvaguardar infraestructura pública estratégica.
Sin embargo, el MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, reiteró que las transferencias solicitadas no eran viables, al considerar que las IRI propuestas no correspondían a intervenciones nuevas, sino a proyectos en ejecución o ya culminados, lo que constituye gasto de continuidad.
De acuerdo con la evaluación presupuestaria, este tipo de gasto debió ser priorizado por los gobiernos regionales y locales en la Programación Multianual Presupuestaria y en la Formulación Presupuestaria, conforme a las normas que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
En ese sentido, la ANIN remarcó que no se ha realizado transferencia alguna a los gobiernos locales de Ascope, Chóchope, Viraco, entre otros, y precisó que son los propios gobiernos subnacionales los responsables de gestionar las solicitudes de transferencia de partidas con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.
Finalmente, la entidad reafirmó su respeto a las competencias del ente rector del sistema presupuestario y su compromiso de seguir trabajando de manera articulada con los tres niveles de gobierno para identificar alternativas que permitan garantizar la ejecución y sostenibilidad de las intervenciones de reconstrucción, en estricto cumplimiento del marco legal vigente.