El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) Alonso Navarro, pidió distinguir la naturaleza y fundamentos de las denuncias por corrupción que se presentan contra estas autoridades, dado que no todas ellas concluyen en responsabilizar a los titulares regionales.
“Una denuncia es el inicio de un procedimiento, la segunda parte es el descargo y luego una institución imparcial hace el análisis de las pruebas; recién entonces se puede decir que la autoridad denunciada es responsable”, declaró a la Agencia Andina.
Navarro se refirió de ese modo a las recientes informaciones de prensa que señalan que 19 de los 25 gobiernos regionales registran denuncias de corrupción.
Dijo que todas las autoridades regionales tienen denuncias por supuesta corrupción, dado son la cabeza de pliegos presupuestales y responsables de la ejecución de obras en diversos sectores.
A su juicio, los gobiernos regionales son objeto de “un cargamontón” en estos días, ya que, además de los cuestionamientos realizados a determinadas autoridades, se ha advertido sobre la posibilidad de modificar las funciones y competencias de las regiones.
“Conocemos estos problemas y quisiéramos aportar para que la siguiente generación de presidentes regionales tengan herramientas a favor de la transparencia y del buen manejo de los recursos del Estado”, señaló.
El también presidente regional de Ica, lamentó que en aquellas regiones en las que se han iniciado procesos judiciales por corrupción “los funcionarios que pertenecen a los órganos de control no hayan hecho una buena labor”.
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