El Ejecutivo prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú en la provincia de Yauli, del departamento de Junín, por 30 días adicionales, con el objeto de asegurar el control y mantenimiento del orden público y evitar que se produzcan actos de violencia o cualquier ilícito penal con ocasión de posibles movilizaciones.
Según una resolución suprema publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, la actuación de las Fuerzas Armadas constituirá una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú.
Dispone que la actuación de las Fuerzas Armadas estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población de la provincia de Yauli, del departamento a que se refiere la resolución suprema.
Establece que la intervención de las Fuerzas Armadas se efectuará conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1095, que fija las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
Estado de derecho
La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente resolución suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte.
En los considerandos de la norma se indica que esta medida se adoptó de acuerdo con los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 del Decreto Legislativo 1095, que define reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, dispone que las Fuerzas Armadas pueden actuar en apoyo a la Policía Nacional del Perú en caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país y servicios públicos esenciales, así como en otros casos constitucionalmente justificados, en que la capacidad policial sea sobrepasada en el control del orden interno, sea previsible o existiera el peligro de que esto ocurriera.
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