La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza la audiencia pública sobre solicitud de medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta ante la solicitud que presentaron familiares de las víctimas de estos hechos cometidos durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
La sesión se desarrolla en el marco del 147 Período Ordinario de Sesiones.
La Corte escucha a los abogados de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, así como a los representantes del Estado antes de resolver si concede las medidas provisionales solicitadas ante la reactivación del indulto a Alberto Fujimori.
Durante la audiencia, Gloria Cano, representante de las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta, recordó que tras las medidas dictadas por la Corte en 2018, la Corte Suprema encontró que el indulto no fue regular y lo anuló.
Sin embargo, agregó, el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo de tres a tres que decidió excarcelar a Fujimori. Ello, pese a la concesión de un "indulto fraudulento", señaló.
Acto seguido, el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, señaló que el fallo del TC coloca el tema en una situación de "gravedad" porque la restitución del indulto por este máximo organismo constitucional es excluyente de responsabilidad y por tanto inadmisible en graves violaciones de derechos humanos.
“El Tribunal Constitucional no respetó las garantías del proceso y es de dudosa legalidad tal como lo señala el voto de la magistrada del Ledesma", dijo.
Luego tomó la palabra el procurador supranacional Carlos Reaño, quien explicó a la Corte IDH que el Estado Peruano reconoce la división de poderes y los organismos autónomos como el TC y que este es el máximo órgano en la interpretación de la Constitución Peruana.
No obstante, Reaño también precisó que el Estado Peruano en la firma de la Convención Americana se comprometió a cumplir con las decisiones de la instancia supranacional como la Corte IDH.
Asimismo, el procurador adjunto Carlos Llaja, informó que la Corte Suprema les informó que el caso del indulto se encuentra archivado, estando solo pendiente el pago de la reparación civil por parte de Fujimori ascendente a S/ 51 millones aproximadamente.
El miércoles, la Corte IDH publicó una resolución que requiere al Estado del Perú para que, con la finalidad de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional (TC) de liberar a Alberto Fujimori.
A través de una resolución indica que esta medida será vigente hasta que el tribunal internacional "pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 147 Período Ordinario de Sesiones".
El pedido de medidas provisionales fue presentado por los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta un día antes que el TC concediera un habeas corpus a favor de Fujimori Fujimori y restituyera el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.
(FIN) RMCH/CVC
Más en Andina
Publicado: 1/4/2022