10:58 | Lima, abr. 08 (ANDINA).
La municipalidad de San Martín de Porres acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para plantear una contienda de competencia, a fin de que ese órgano decida si es válida o no la pretensión del concejo de Comas de otorgar beneficios tributarios a un sector de vecinos del primero.
Así lo anunció el alcalde de San Martín de Porres, Freddy Ternero, al rechazar la ordenanza del concejo de Comas, publicada el 26 de marzo en las normas legales del diario oficial El Peruano.
Con dicha norma, Comas ofrece beneficios y exoneraciones tributarias a los habitantes de las zonas de Infantas, Santa Luisa, Pro, Industrial (cuarto y noveno sector) y otras asociaciones de vivienda y asentamientos humanos, que –dijo- siempre han pertenecido a San Martín de Porres.
Señaló que para emitir esa ordenanza Comas se sustenta en un informe del año 2006 del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) según el cual, esa zona ha dejado de tener continuidad territorial con San Martín y, por ende, pasa a ser de Comas, de acuerdo a la demarcación establecida en la ley de creación del distrito de Los Olivos.
Ternero sostuvo que ese informe no tiene valor jurídico y que además es contradictorio, porque en una primera parte habla de que ese territorio es de Comas, pero en las recomendaciones señala que el tema limítrofe debe ser resuelto por el Congreso.
Aparente desvío de recursos
El burgomaestre sanmartiniano ensayó una teoría para tratar de explicar la actitud de las autoridades ediles de Comas. Según dijo, sus asesores legales le señalaron que todo esto puede ser una máscara para esconder un desvío de recursos.
“Podría tratarse de un intento de desviar los recursos que la municipalidad debe usar en Comas para destinarlos supuestamente a esa zona de San Martín. Podría haber allí malversación de fondos”, dijo y agregó que en la zona en mención existen entre 25 mil y 30 mil contribuyentes.
En la última sesión del concejo municipal de San Martín, realizada ayer, se acordó también formar una comisión investigadora sobre la conducta del regidor de San Martín de Porres, José Luis Castillo Soto, quien trabaja como secretario general de la municipalidad de Comas, y como tal avaló con su firma la norma que establecía los beneficios tributarios cuestionados.
Tal comisión tendrá un plazo de 20 días útiles para hacer su trabajo y recomendar las sanciones a que hubiere lugar luego de escuchar los descargos del referido regidor quien llegó al concejo por las filas de Unidad Nacional.
Paralelamente, dijo Ternero, la Procuraduría de la Municipalidad iniciará las acciones legales pertinentes en contra de quienes firmaron la norma que establece los beneficios tributarios.
(FIN) ART/RRC
Publicado: 8/4/2009