Más de 1,300 armas de fuego y 1.3 millones de municiones confiscadas es el resultado del megaoperativo ejecutado desde la madrugada de ayer en diferentes distritos de Lima y que permitió desbaratar una organización criminal que no solo abastecía de armas a sicarios que eran contratados por narcotraficantes, sino que los entrenaba en instalaciones militares.
Durante la conferencia de prensa realizada hoy para dar detalles de la Operación Ferretero 2017, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, detalló que en la misma participaron 280 efectivos de la Región Policial Lima y 20 fiscales especializados en crimen organizado.
Agregó que en esta acción se decomisaron, además, 335 cacerinas y un aproximado de 78,000 soles, y se detuvo a 9 integrantes de esta organización criminal, entre los que figuran empresarios, funcionarios y profesionales acreditados de la Sucamec, miembros policiales y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
La investigación
La banda criminal era investigada desde setiembre del año pasado, cuando el Grupo Especial de Inteligencia Orión de la
Dirección Antidrogas (Dirandro) tomó conocimiento que asesinos por encargo, muchos de ellos financiados por narcotraficantes del Callao, portaban armas y pertrechos de origen militar para cometer sus ilícitos.
Los delitos que se le imputan a los integrantes de esta organización son: tráfico ilícito de armas, sicariato, falsificación de documentos, falsedad ideológica y asociación ilícita para delinquir.
Es así que tras una paciente labor de inteligencia, que incluyó el seguimiento y la colaboración de informantes, llegaron hasta el cabecilla, identificado como Roberto Carlos Subauste Roca. Se trata de un miembro de la FAP en situación de retiro y que purgó condena entre el 2007 y 2013 por tráfico de armas.
Subauste era el encargado de proporcionar, distribuir y comercializar el armamento. En su vivienda de El Agustino, donde fue detenido, la Policía descubrió gran cantidad de fusiles, escopetas, revólveres, chalecos antibalas, miras telescópicas, silenciadores, agujas de percutores y municiones, entre otros.
Según las pesquisas policiales, Subauste obtenía los pertrechos a través de elementos en actividad también de la FAP, quienes se valían de sus cargos de armeros para redactar falsos documentos dando de baja armamento o recomendando su destrucción, un proceso que les servía para desviar el material hacia el mercado negro.
No obstante, siempre según la Policía, Subauste realizaba además acciones de entrenamiento militar en técnicas de combate y en el uso de armas y explosivos a sujetos vinculados con el asesinato por encargo.
Los lugares escogidos para el adiestramiento eran establecimientos privados, como la galería de tiro de Importaciones Enzo SAC, al igual que la propia base aérea FAP Lobitos, en Pucusana.
La Policía pudo determinar que entre los que facilitaban el acceso de los hampones al local castrense aparece el SOT3 FAP Alberto Marcelino Ascarruz Chavarría.
A cambio de fuertes sumas de dinero, las mismas que bordeaban los 2,000 dólares, este suboficial los hacía ingresar como trabajadores de empresas de seguridad y les brindaba la capacitación. Una vez adentro, se les facilitaba uniformes oficiales. Ascarruz fue puesto bajo arresto por los agentes del orden cuando se hallaba en un inmueble de Breña.
Esta organización criminal, vale aclarar, estaba involucrada en casos de asesinatos mediáticos desde el 2015, relacionados con grandes traficantes de drogas como el caso de Carlos Alberto Santisteban Moreno y Patrick Jair Zapata Coletti, ligados con la red Oropeza. Otro hecho sonado fue el asesinato de un cadete PNP en febrero del 2015.
Empresas de fachada
Mientras tanto, otro de los cabecillas intervenidos es Nelson Espinoza Justiniano, más conocido como Enzo, representante legal de Importaciones Enzo SAC (donde se instruía a los sicarios), así como de las empresas Importaciones Enzo JP SAC y La Casa de las Armas SAC. En sus locales se halló la mayor parte del arsenal confiscado.
Espinoza encajaba dentro del esquema criminal como parte de un segundo medio empleado para agenciarse de pertrechos. A través de sus negocios formales vendía armas de fuego y municiones sin importarle la condición de los compradores, ofreciendo el trámite de la licencia incluida como un paquete.
De allí que, producto de una investigación alterna de la Policía y la Sucamec, se supo que el asesino del centro comercial de Independencia, Eduardo Romero Naupay, adquirió 425 municiones para una pistola Bersa en el local de Importaciones Enzo SAC.
Una de sus funciones tenía que ver con cambiar los tubos del cañón o los martillos percutores para que las armas no resultaran vinculadas con delitos perpetrados previamente. Las armas que introducía al mercado clandestino eran vendidas al doble del precio formal.
De forma paralela utilizaba terceros o "burros" conocidos por la organización criminal para sacar usuarios de licencias (tarjetas de permiso para portar armas). Espinoza facilitaba las denuncias de la “pérdida” de armas y coordinaba este procedimiento con Gino Panizo, el tramitador de la mafia y uno de los capturados en el megaoperativo.
Para ese fin actuaba, de igual manera, en complicidad con empleados de la Sucamec. Entre los funcionarios comprometidos, que ya han sido arrestados, se encuentran los psicólogos Óscar Muñoz Figueroa y Rosa Villanueva Moreno, quienes emitían falsos certificados de salud mental, un requisito indispensable con miras a obtener la licencia para portar armas.
Espinoza también se apoyaba en el comandante PNP Jhenry Alvarado García, supervisor de las pruebas de tiro y manipulación de armas en la Sucamec. El oficial de la PNP expedía constancias en ausencia; es decir, sin la presencia física de los supuestos solicitantes. Alvarado cayó en Tumbes.
Por otro lado, la Policía Nacional ha recabado indicios de que la organización criminal en cuestión dotaba de vehículos robados a los sicarios para que pudieran "reglar" y atacar a sus víctimas, así como darse a la fuga.
Las unidades eran hurtadas por delincuentes comunes para luego ocultarlas en cocheras de la capital, hasta conseguir placas y tarjetas de rodaje de un vehículo X en circulación que coincidiera con la descripción del otro robado: marca, color, año y modelo.
Más comprometidos
Como se desprende de la investigación policial, estos datos habrían sido proporcionados por funcionarios de la Sunarp. Una vez obtenida la información, los delincuentes interponían denuncias falsas por pérdida o robo de placas de rodaje y tarjetas de propiedad en comisarías de Lima, para lo cual contaban con la participación de suboficiales de la Policía.
Por ese motivo fueron apresados el SOT1 PNP Olmer Lliuya Rodríguez, de la comisaría de Santa Elizabeth, y el suboficial PNP Francisco Rejas Mercado, de la comisaría de Alfonso Ugarte. Ellos tenían la función de recibir las denuncias sin ejercer ningún tipo de verificación.
El paso final, de acuerdo con las pesquisas policiales, consistía en llevar la copia de las falsas denuncias a una notaría “amiga” a fin de tramitar duplicados de tarjetas y placas de rodaje, mediante los cuales el vehículo robado pudiera circular sin levantar sospechas de las autoridades.
En esta conferencia de prensa también estuvieron presentes el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas; el inspector general de la Policía Nacional, Richard Zubiate Talledo; el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, general José Lavalle Santa Cruz, y la fiscal provincial titular de Crimen Organizado, Katherine Cáceres Jacobsen.
Con este golpe, cabe precisar, ya suman 58 los megaoperativos ejecutados en el ámbito nacional en lo que va de la actual gestión.
(FIN) NDP/LIT
GRM
Publicado: 27/4/2017