Con el fin de atender las principales demandas de los pobladores del distrito de Aquia, región Áncash, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD), lideró una mesa técnica que articula a la comunidad campesina de Aquia, ministerios, entidades estatales, autoridades locales y la compañía minera Antamina.
Durante la reunión se presentaron los avances de los subgrupos de trabajo como el relacionado a los estudios y monitoreo de fallas geológicas y se acordó socializar la evaluación del riesgo asociado a fenómenos naturales (EVAR) Uranyacu, el próximo martes 10 de febrero, junto a representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Para ello, se dispuso que la Municipalidad de Aquia, en coordinación con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, convoque a funcionarios del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y representantes de Antamina.
Ampliación
Se acordó, además, la ampliación de la vigencia de la mesa técnica hasta el 31 de agosto de este año y se fijó un cronograma de reuniones de los seis subgrupos de trabajos vinculados a acceso y terrenos, cultura, transporte y comunicaciones, ambiente y compromisos sociales.
Como parte de las acciones de seguimiento, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció la realización de próximas sesiones plenarias, orientadas al cierre ordenado y efectivo de la mesa técnica.
La reunión contó con la participación de representantes de diversos sectores del Ejecutivo, la Prefectura Regional, la Defensoría del Pueblo, el alcalde distrital, autoridades comunales y representantes de la empresa privada, reafirmando el compromiso del Estado con el diálogo, la concertación y la solución pacífica de las demandas sociales.
De esta manera, la Presidencia del Consejo de Ministros ratifica su compromiso de promover espacios de diálogo que fortalezcan la gobernabilidad, la confianza entre el Estado y la ciudadanía, y el desarrollo sostenible de los territorios.