Para garantizar escuelas seguras y proteger a las nuevas generaciones, el Ministerio de Educación (Minedu) actualizó sus protocolos de atención frente a situaciones de violencia en instituciones educativas públicas y privadas de todo el país para reforzar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes.
Esta medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 383-2025-MINEDU el 2 de setiembre, cuyo
anexo fue publicado en el diario oficial El Peruano con la actualización del Anexo 03: Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia, brindando un nuevo marco normativo que fortalece la actuación de las instituciones educativas en estos casos.
Con estos protocolos, el personal auxiliar, docente y directivo de las instituciones educativas podrá actuar con mayor autoridad y seguridad frente a los casos de violencia escolar, respaldado por herramientas normativas claras.
Esto garantiza que cualquier intervención se realice dentro del marco del respeto a los derechos de los estudiantes, fortaleciendo la protección, la prevención y la pronta respuesta ante situaciones de riesgo.
Los nuevos protocolos se construyeron gracias a mesas de trabajo y reuniones focalizadas, en las que participaron directivos de colegios públicos y privados, representantes de asociaciones de instituciones particulares, especialistas de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), direcciones regionales de educación, docentes del Sutep y representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
“En esta actualización se incorporan dos protocolos específicos: acoso escolar (bullying y ciberbullying) y violencia que involucra el uso de armas. En estas situaciones es fundamental la participación activa de los padres de familia acompañando, cuidando y guiando a sus hijos en su aprendizaje y desarrollo personal”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.
Medidas de protección
Es importante indicar también que cuando el estudiante esté involucrado en hechos de violencia, las familias deberán participar activamente en el cumplimiento de las medidas de protección o correctivas que determine la institución educativa.
En el caso de que se identifiquen situaciones de riesgo o desprotección familiar, los directivos del colegio tendrán que reportar la situación a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna) y/o la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En ausencia de estas instancias, lo podrán comunicar al Juez de Familia o Mixto.
Su aplicación recae principalmente en los directivos y en el responsable de convivencia escolar, como el apoyo de tutores, personal de la institución educativa, familiares y estudiantes.
La actualización de los protocolos es clave para garantizar una intervención oportuna, efectiva, diligente y reparadora que contribuya a frenar situaciones de violencia en el contexto actual.
De esta manera, se buscar asegurar la continuidad educativa y la activación del sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
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