Congreso: proponen eliminar la ATU y devolver control de transporte a municipios

Iniciativa plantea derogar la norma que creó a la autoridad y restituir competencias a Lima y Callao

ANDINA/Juan Carlos Guzmán

ANDINA/Juan Carlos Guzmán

14:30 | Lima, feb. 14.

El congresista Jorge Flores Ancachi, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), presentó una iniciativa que plantea la extinción de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la devolución del control del transporte a los gobiernos locales.


Como se recuerda, la ATU fue creada en 2019 para integrar la gestión del transporte de Lima y Callao bajo una sola autoridad, en respuesta a problemas estructurales del sistema, como la sobreoferta de rutas y la atomización empresarial.

En esa línea, el Proyecto de Ley N° 13972-2025-CR propone la derogación de la Ley N° 30900 con el fin de que la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao recuperen la competencia exclusiva sobre la planificación, regulación, gestión, fiscalización y prestación del transporte urbano.

La iniciativa puede revisarse en el siguiente documento:

PL 13972-2025-CR by Enya Tomasto


Argumentos

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto sostiene que el modelo centralizado actual no habría logrado resolver el desorden, la congestión ni la informalidad en más de cinco años de funcionamiento.

A su vez, cuestiona el carácter tecnocrático y burocrático de la entidad y señala que su creación habría afectado la autonomía municipal, además de una limitada articulación con los gobiernos locales.

Funciones que asumirían los municipios

- Aprobar planes integrales de transporte
- Otorgar, renovar o revocar concesiones y autorizaciones
- Administrar rutas, paraderos y terminales
- Supervisar sistemas de recaudo y control de flota
- Imponer sanciones administrativas

Proceso de transición

La iniciativa plantea la creación de una comisión técnica integrada por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las municipalidades involucradas y la Contraloría General de la República, la cual tendría un plazo máximo de 90 días hábiles para culminar el proceso de liquidación.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizaría la transferencia de recursos, mientras que el personal técnico podría ser reasignado respetando sus derechos laborales.

Asimismo, se incluyen disposiciones para garantizar la continuidad del servicio de transporte urbano durante el proceso de transferencia.

(FIN) ETA/JCC

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Publicado: 14/2/2026