El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra la llamada ley antitransfuguismo, relativa a disposiciones del Reglamento del Congreso sobre la prohibición de formar nuevos grupos parlamentarios, o adherirse a los ya existentes.
La
demanda buscaba dejar sin efecto dicha prohibición para aquellos congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral por los que fueron elegidos.
En ese sentido, el TC declaró la inconstitucionalidad de los artículos 37.5, 37.2 y 76.2.3 del citado reglamento.
Sobre la inconstitucionalidad del artículo 37.5, que regulaba dicha prohibición, el TC precisó que la disposición impugnada vulneraba los derechos a la libertad de conciencia, a la participación política y al principio de interdicción de mandato imperativo.
Ello, según el TC, porque no se reconocía la posibilidad de que, por motivos legítimos, un congresista pudiera apartarse de su agrupación política.
Así, consideró que, por ejemplo, es constitucionalmente válido que puedan separarse por un cambio de orientación ideológica del partido, por la mutación ideológica personal, la desaparición o crisis del partido, o por serias discrepancias con la dirección del partido o grupo parlamentario.
Por otro lado, también se declaró, por conexidad, la inconstitucionalidad de los artículos 37.2 y 76.2.3 del Reglamento del Congreso.
En lo que respecta al artículo 37.2, esta disposición establecía que los grupos parlamentarios que no estén conformados por al menos cinco congresistas sean considerados grupos parlamentarios especiales, solo para efectos de presentar proyectos de ley.
Para el TC, esta cláusula era contraria al derecho a la participación política, porque limitaba el derecho a la participación política de los congresistas, al impedir que los grupos especiales con menos de cuatro congresistas se fusionen con otros para conformar un grupo parlamentario ordinario.
En relación con lo dispuesto en el artículo 76.2.3, que regulaba la cantidad de congresistas necesaria para aprobar un proyecto de ley,
el TC estimó que la exigencia de una mayor cantidad de congresistas para su presentación vulneraba el derecho a la participación política.
Las disposiciones impugnadas, en consecuencia, fueron declaradas como inconstitucionales y expulsadas del ordenamiento jurídico.
También, al precisar los efectos de la sentencia, y como consecuencia de su declaración de inconstitucionalidad, el TC indicó que, con la publicación de su fallo, se debe permitir la conformación de nuevos grupos parlamentarios, o adhesión a los ya existentes, a los congresistas que se aparten o hubiesen apartado de sus agrupaciones políticas.
En ese sentido, también indicó que la participación política, en condiciones de igualdad de todos los congresistas, resultaba indispensable para una nueva deliberación respecto de una eventual reforma al Reglamento del
Congreso para combatir el
transfuguismo.
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por un grupo de congresistas contra la ley antitransfuguismo aprobada por el Congreso, con mayoría de la bancada de
Fuerza Popular.
(FIN) NDP/MVF/CVC
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Publicado: 13/9/2017