El Poder Judicial (PJ) trabaja para fortalecer la seguridad digital en la administración de justicia, ante el aumento sostenido del cibercrimen en el país, expresó la presidenta de ese poder del Estado, Janet Tello.
Advirtió que el fraude informático, el robo de identidad, los ataques a infraestructuras críticas y la vulneración de bases de datos no son fenómenos aislados, sino expresiones de una criminalidad sofisticada que opera sin fronteras y que evoluciona con gran rapidez.
Asimismo, señaló que no se trata únicamente de delitos tradicionales trasladados al entorno digital, sino que se enfrenta a estructuras organizadas, esquemas transnacionales y tecnologías emergentes, que ponen a prueba capacidades normativas, tecnológicas y humanas.
“Nuestro compromiso es trabajar para que la ciberseguridad y la protección de datos personales se consoliden como ejes estructurales del sistema de justicia, integrados en nuestra planificación estratégica y políticas institucionales”, señaló al participar en un encuentro de líderes sobre estrategias corporativas en dichas materias, organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).
La titular del Poder Judicial resaltó, además, que en un entorno global altamente digitalizado la ciberseguridad se ha convertido en un elemento estructural del crecimiento sostenible y de la competitividad nacional.
“Las nuevas modalidades delictivas no solo representan un desafío técnico; constituyen una amenaza real para la confianza en las instituciones, la integridad de los mercados y la tranquilidad de los ciudadanos”, remarcó.
Añadió que ello exige magistrados y servidores judiciales capacitados, marcos legales actualizados y herramientas técnicas adecuadas para comprender y valorar evidencia digital compleja.
“La justicia no puede permanecer ajena a esta transformación, por lo que el Expediente Judicial Electrónico, las audiencias virtuales, la interoperabilidad y la digitalización de archivos han modernizado de manera significativa el servicio de justicia, mejorando la eficiencia y el acceso”, indicó.
Sin embargo, consideró que estos avances también ampliaron la exposición a riesgos cibernéticos, por lo que la transformación digital, si no está acompañada de sólidas políticas de seguridad de la información, puede convertirse en una vulnerabilidad. Por ello, estimó que proteger esta información es un deber constitucional.
“Cada base de datos judicial contiene información altamente sensible: datos personales, antecedentes penales, procesos de familia, información patrimonial y financiera, así como decisiones que impactan directamente en la vida de las personas”, dijo.
“La protección de datos dentro del ámbito judicial es una condición esencial del Estado de Derecho y cuando el Estado no custodia de manera adecuada la información que le ha sido confiada, no solo se produce un incidente tecnológico: se debilita la legitimidad institucional”, indicó.
(FIN) NDP/JCC
JRA
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Publicado: 18/2/2026