La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial continúa el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, acusado por la presunta comisión del delito de rebelión.
La sexta audiencia se inició sin la presencia de Castillo Terrones, quien se negó a salir de su celda para acudir a la sala. Se informó que un médico evaluó su estado de salud.
La sala dispuso iniciar la audiencia sin el exmandatario recluido en el penal Babadillo.
Acto seguido, se anuncia la declaración de los testigos citados, como el general (r) Manuel Gómez de la Torre, quien era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el día del golpe de estado. Sin embargo, antes de que el testigo comience a declarar, se ordena que el médico legista que acaba de evaluar a Pedro Castillo en su celda del penal de Barbadillo informe sobre el estado de salud del acusado.
El informe del médico legista determina que Pedro Castillo tiene síntomas de gastritis reagudizada y una lumbalgia" e indica que su estado de salud es estable.
El médico informa a la sala que el expresidente recibió medicación por su lumbalgia (dolor de espalda) y concluye que, en estos momentos, no podría ser trasladado a la sala de audiencia. Precisa que requiere descanso mientras esté recibiendo medicina por ese dolor.
La audiencia entra en receso para citar al director del penal de Barbadillo y que él también informe sobre la situación del acusado. El tribunal busca determinar si el acusado puede ser trasladado a la sala o si requiere descanso por su tratamiento médico.
El director del penal de Barbadillo informa que Pedro Castillo dijo que se "sentía imposibilitado por salud" para ir a audiencia.
La fiscalía pide a la sala emitir un pronunciamiento para determinar en qué audiencias es necesaria la presencia del acusado en la sala, para que el desarrollo a futuro del juicio y las declaraciones de testigos ya programadas no se retrasen.
El juicio oral
Junto a Castillo Terrones también se procesa en calidad de coautores del delito de rebelión a los expresidentes del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez; al exministro del Interior Willy Huerta Olivas; así como a los exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez (este último actualmente en Suiza).
El Ministerio Público ha solicitado para el expresidente una pena de 34 años de prisión y el pago de 65 millones 419,038.53 soles como reparación civil en favor del Estado peruano.
Para los otros acusados, la Fiscalía pide 25 y 15 años de cárcel; así como una reparación civil ascendente a 64 millones 419,038 soles, que deberá pagarse de forma conjunta entre los que fueran sentenciados.
Se les atribuye la presunta comisión del delito de rebelión, por el intento de quebrantamiento del orden constitucional el 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo leyó un mensaje en televisión nacional que disponía disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, Ministerio Público y otras instituciones.
Durante la etapa de investigación fueron admitidas 65 pruebas documentales y las declaraciones de más de 69 testigos; así como pericias forenses, grafotécnicas y otras.
También participarán tres peritos admitidos para la fiscalía y los acusados; así como 16 objetos de convención probatoria y un total de 75 documentos probatorios de todas las partes.
(FIN) CVC
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Publicado: 18/3/2025