El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) inició el traslado progresivo de niñas y adolescentes del centro de acogida de administración privada “La Casa del Padre”, ubicado en el distrito de Cieneguilla, hacia otros centros especializados que garanticen condiciones adecuadas para su bienestar, seguridad y desarrollo integral.
La medida se adopta frente a hechos de público conocimiento vinculados a residentes del referido establecimiento y, según informó el sector, responde a la priorización del interés superior de las menores.
En ese marco, el MIMP dispuso la variación de las medidas de protección vigentes, conforme a los protocolos establecidos, con el objetivo de asegurar entornos seguros y adecuados.
“El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y continuará actuando con firmeza, responsabilidad y transparencia ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad”, señala el comunicado oficial.
Diligencias fiscales
En paralelo, la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla, del distrito fiscal de Lima Este, inició una investigación preliminar por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme al artículo 69° del Código de los Niños y Adolescentes.
El fiscal provincial Genaro Solís Quispe dispuso una visita inopinada al Centro de Acogida Residencial (CAR) “La Casa del Padre”, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la protección de la identidad, dignidad, privacidad y desarrollo integral de las menores, especialmente aquellas en situación de especial vulnerabilidad.
Durante la diligencia, encabezada por la fiscal adjunta provincial Giuliana Leslie Sotelo Zegarra, se revisó documentación institucional y se realizaron consultas generales a algunas adolescentes bajo un enfoque de protección integral y no revictimizante. Asimismo, se constató que la población acogida está conformada por 29 adolescentes y siete bebés.
El Ministerio Público también verificó aspectos vinculados a la confidencialidad, la protección de la imagen de las residentes, los protocolos internos sobre difusión de actividades, las medidas para prevenir situaciones de revictimización y las condiciones generales del albergue. La documentación recabada será evaluada conforme a ley.
Las diligencias continuarán en los próximos días, mientras las autoridades reiteraron que toda actuación se realiza con enfoque de protección integral y en resguardo del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
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