16:44 | Puerto Maldonado, feb. 24.
La Corte Superior de Madre de Dios dispuso el funcionamiento de órganos de emergencia durante las vacaciones judiciales 2019 para la atención de temas relacionados a criminalidad organizada que podrían surgir a consecuencia de la Operación Mercurio dirigida contra la minería ilegal en la citada región.
Así lo hizo saber el juez superior Adolfo Nicolás Cayra Quispe, presidente de ese distrito judicial, quien propuso realizar el control y patrullaje de forma permanente a lo largo de la Carretera Interoceánica (vía Mazuko – Puerto Maldonado), así como vía fluvial.
Esto permitirá identificar, reportar y evitar el ingreso ilegal de insumos, material y maquinaria para la extracción ilegal de minerales en zonas intangibles, ahorrando a la vez tiempo y dinero en el transporte para la interdicción reduciendo el costo social.
“De manera estratégica, esto permitirá mitigar en el plazo más corto la actividad ilícita en esta parte del país”, expresó la autoridad judicial.
Estrategias
Cabe anotar que Cayra Quispe propuso la creación de la Comisión Técnica de Seguridad Ciudadana, la misma que permite enfrentar los daños causados por la minería ilegal y sus delitos conexos en esta zona del país.
Esta iniciativa fue aprobada por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Madre de Dios (Coreseg) a fin de elaborar estrategias que permita luchar frontalmente contra la criminalidad organizada a nivel de la región de Madre de Dios.
En esta zona los delitos más comunes son minería ilegal, venta ilegal de combustible, trata de personas, prostitución infantil, tala ilegal de bosques y otros delitos conexos.
La referida comisión está dirigida por los representantes del Poder Judicial e integrada por el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la subprefectura Provincial de Tambopata.
Ellos elaborarán una propuesta técnica de estrategias --dirigida a la Comisión Regional--, que tendrá como eje de acción la lucha frontal contra la minería ilegal y otros análogos.
El titular de la Corte mencionó que durante las últimas reuniones con las instituciones involucradas, delinearon estrategias para recuperar la autoridad institucional, y dentro del ámbito de su competencia puedan exponer acerca de la lucha contra la minería ilegal.
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Estas instituciones son el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos; Dirección Regional de Flora y Fauna, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental; Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, entre otras.
“Esperamos la aprobación de estrategias ya que realizamos un trabajo interinstitucional articulado, para luego exigir al Gobierno Central el fortalecimiento de infraestructura y dotación de fondos para la contratación de personal y adquisición de equipos de última tecnología”, anotó.
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(FIN) NDP/TMC
Publicado: 24/2/2019